Maltratos, abusos, conflictos entre adolescentes que los adultos a cargo no resuelven, incumplimiento de los estándares mínimos de cuidados establecidos por la ley para el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, además de precariedad del personal y falta de capacitación, falencias edilicias e incluso el alojamiento en hoteles son las irregularidades que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe volvió a denunciar esta semana sobre los programas de acogimiento de los más de 800 chicos alojados en los centros conveniados por la provincia en estas condiciones.
"Un depósito, con la misma lógica de la vieja ley de patronato que el sistema de protección integral vino a reemplazar", afirmó a La Capital dijo el subdirector del Área Jurídica y Relatoría de la Defensoría, Gustavo Lorenzo, que señaló que este escenario se da en "la mayoría de las instituciones" y sobre todo las que alojan adolescentes y jóvenes.
La situación, señala, evidencia una política que va a contramano de todas las recomendaciones y acuerdos internacionales, que es la de promover los procesos de los chicos y chicas con medidas excepcionales -es decir separados por el Estado de su centro de vida ante una vulneración de sus derechos- no tanto en instituciones, pero además vuelve a mostrar la caída de la inversión del Estado en esa área tan sensible, ya que desde 2020 los presupuestos para estos programas cayeron entre un 20 y un 40 por ciento respecto de la inflación.
El informe, presentado este martes por los defensores del Pueblo de la provincia de Santa Fe Jorge Henn y Gabriel Savino, es una continuación de "Inversión Social en Acogimiento Institucional y Familiar 2020-2022" que se había presentado semanas atrás y que mostraba la caída de la inversión por parte del Estado en los programas de alojamiento de las infancias y adolescencias con medidas de excepción por parte de la Secretaría de Niñez de la provincia.
Esta vez, el relevamiento avanza en el hecho de que el 90 por ciento de las niñas, niños y adolescentes, a contramano de las recomendaciones internacionales, son alojados en centros residenciales conveniados con el Estado provincial y una porción mínima a través de los programas de familias solidarias o ampliadas.
"Aberrante"
Lo que es peor aún, según remarcaron es "la precarización cada vez mayor" de las instituciones de alojamiento, donde afirman que "la mayoría no cumple los estándares que están previstos normativamente en el decreto que los regula".
Y eso en la vida diaria de los más de 800 chicos alojados en toda la provincia -mayoritariamente en los centros urbanos de Rosario y Santa Fe- se traduce, detalla Lorenzo, no sólo en la precariedad de los espacios, problemas edilicios y la falta de capación del personal a cargo, sino incluso maltratos, abusos y conflictos al interior de los establecimientos.
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El subdirector del Área Jurídica y Relatoría de la Defensoría afirmó que esa situación se da fundamentalmente en los centros residenciales donde se alojan adolescentes y quizá la muestra más clara de la precariedad y la vulnerabilidad de la cotidianidad que habitan se conoció en enero pasado, cuando en una audiencia imputativa en el Ministerio Público de la Acusación se conoció que los tres adolescentes de 13, 15 y 18 años, detenidos por llevar carteles con amenazas contra el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, estaban a cargo de Secretaría de Niñez de la provincia y vivían en un hogar de menores.
"Actualmente hay dos chicos que como tienen más de 18 años están en cárceles de adultos -continuó Lorenzo-. Es aberrante que estén en esta situación después de haber estar a cargo del Estado por casi diez años al quedar involucrados en hechos como este, sin que se tenga en cuenta lo que pasaron antes de llegar al sistema de protección y lo que pasaron en los años que estuvieron en el sistema de protección", alojados en instituciones de estas características.
Para el abogado, "incluso pesando en la agenda de seguridad la provincia debe tener en cuenta que Niñez necesita un refuerzo financiero" y señaló que esa debe ser una prioridad "en la agenda del gobernador (Maximiliano Pullaro), pensando además en una agenda interministerial".
Caída de recursos
Caída de recursos, falta de información y una clara política de institucionlizar a los niños, niñas y adolescentes, lejos de fortalecer los programas de alojamiento familiar, son las claves de los últimos informes que hizo públicos la Defensoría de Pueblo.
De hecho, el primer informe no pudo establecer en forma detallada "cuántas niñas, niños y adolescentes están bajo el sistema de protección oficial del Estado santafesino”, eso pese a los pedidos de información específicos que desde la Defensoría se cursaron a las áreas provinciales.
"Lo que insistimos además es que además de una mayor asignación de recursos, el mayor presupuesto sea asignado a los programas de familias de acogida, familias solidarias y familias ampliadas, y no tanto a los centros institucionales porque a las claras está que allí los los chicos no están bien", insistió el abogado.
Lorenzo indicó que la situación es "urgente" y si bien recalcó que el pedido no apunta a los centros desaparezcan, ya que son necesarios en determinados contextos y situaciones, sí recalcó que "a largo plazo, en el despliegue de actividades con los chicos y tal como lo marcan los organismos internacionales, se da mejor el proceso en marcos familiares que institucionales".
En ese sentido, los datos disponibles mostraron que hasta julio de 2019 había 926 niñas, niños y adolescentes alojados en instituciones, un número que duplica y más a los 425 que se encontraban en acogimiento familiar. A eso se suma la priorización presupuestaria del Programa de Acogimiento Institucional, que pasó de ser 9 veces mayor en materia de recursos en 2020 a 10 veces en 2022.
El informe indica además, que si bien en términos nominales las erogaciones destinadas a acogimiento familiar e institucional crecieron entre el 2020 y el 2022, considerando la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, ambos programas sufren una disminución. En el caso del Programa de Acogimiento Institucional la caída fue del 18 por ciento, mientras que en el Programa de Acogimiento Familiar cayeron entre un 27 y hasta un 40 por ciento.
