Por Diego Veiga
Foto: Leonardo Vincenti
El ataque a una unidad de la línea K el 7 de marzo. Marcos Daloia, el chofer, fue baleado en la cabeza. Murió tres días después.
Los investigadores federales manejan la fuerte hipótesis de que las diferentes facciones que administran el negocio del narcotráfico en la ciudad se unieron para contrarrestar el aislamiento y las requisas asiduas a las que se está sometiendo a sus líderes en los diferentes penales, sean provinciales o federales.
Esa unión quedó de manifiesto en carteles y amenazas que las bandas hicieron circular en los últimos días y donde hacían elíptica referencia al trabajo conjunto de organizaciones que operan el narcomenudeo en las zonas norte, sur y oeste de la ciudad.
Precisamente esas zonas son las que serán saturadas de gendarmes, prefectos y policías federales a partir de este jueves, y no se descarta que en las próximas horas pueda haber una nueva reacción del narcoterrorismo.
Por lo pronto, tanto en el gobierno nacional como provincial coinciden en señalar que "no se dará un paso atrás en el endurecimiento de las condiciones de detención de los jefes de las bandas narcocriminales".
En el Ministerio de Seguridad de la Nación la principal hipótesis es que los ataques contra trabajadores inocentes fue una reacción a lo que sucedió en las cárceles con los presos de alto perfil. "Están molestos porque les cortamos los víveres. Ya no tienen una oficina dentro de los penales, sino que están aislados y los trasladamos a cárceles federales. Eso sin duda molestó, y esta locura es la reacción a esa molestia", dijo una alta fuente de la cartera que conduce Patricia Bullrich.
El investigador destacó además que "ese aislamiento cortó el vínculo de los jefes narco con la calle. Al no tener vínculo, las bandas pierden coordinación y ahí empieza a jugar un rol fundamental el papel de los abogados", remarcó.
Es más, Bullrich indicó el lunes pasado en conferencia de prensa que "ningún hábeas corpus fue otorgado" porque con eso se busca romper el aislamiento de los presos de alto perfil, que tienen "la mínima comunicación que la Constitución establece y no pueden tener ningún tipo de visita que no sea la visita normal". Y en ese orden, reveló que el líder de Los Monos, Guille Cantero, "planteó que se autopercibía de un doble género para poder así tener visitas de mujeres y de hombres que estaban por fuera de la lista de sus familiares directos, lo que no le fue otorgado". Es decir, toda una pantalla para poder hablar con lugartenientes y seguir dando órdenes.
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"Restringidas al máximo las visitas y cortada toda posibilidad de ingreso de celulares a los penales, los jefes narco están complicados. El negocio se descoordina, el dinero no fluye y vinieron estos actos terroristas y demenciales como represalia", indico una alta fuente consultada que no descartó que en breve pueda haber más atentados. Pero lo más temido, y ya casi una certeza, es que jefes antagónicos de estas organizaciones hayan firmado una tregua y se hayan unido contra un enemigo común, que según ellos, somete "a condiciones no dignas" a sus líderes en los penales.
La hipótesis es que los sicarios que sembraron el terror en los últimos días en Rosario responden a distintos líderes que en otros tiempos, no muy lejanos, se disputaban territorios y ahora trabajan juntos.
En un intento por dejar en claro que los líderes están asilados, Bullrich contó que el sábado pasado se hizo una requisa de celulares dentro del penal de Ezeiza y se utilizó un aparato que detecta señales de celulares incluso debajo del mar. Ese aparato dijo con un teléfono oculto dentro de un caño del penal y descartó que hubiese otro más en toda la cárcel. Es decir, los líderes de la bandas narcos están aislados e incomunicados.
Mientras tanto, el gobierno nacional analiza enviar al Congreso un proyecto para modificar la ley de seguridad interior y permitirle a las Fuerzas Armadas sumarse a la seguridad ciudadana, una idea que cuenta con el apoyo del gobernador, Maximiliano Pullaro.
Precisamente ese punto es el que tensó los ánimos entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y su par de Seguridad, Bullrich. Según trascendió, ambos funcionarios dejaron atrás la sintonía fina que tuvieron cuando fueron compañeros de fórmula en las últimas elecciones primarias presidenciales para enfrascarse en duros contrapuntos en torno al rol del Ejército en una eventual custodia de las calles cooptadas por el narcotráfico.
Por lo pronto, las Fuerzas Armadas solo brindarán apoyo logístico que, de acuerdo a la información oficial, comenzará a desplegarse en el territorio este jueves.
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En efecto, este jueves, a partir de las 5 de la mañana, se desplegará el operativo de refuerzo de las fuerzas federales que tiene por objetivo pacificar a Rosario, que está en estado de parálisis tras una serie de ataques terroristas que serían orquestados por bandas narcocriminales que ya se cobraron la vida de cuatro trabajadores. El despliegue contará con el apoyo logístico de camiones, camionetas y dos helicópteros del Ejército.
Así, con el refuerzo de 450 gendarmes, prefectos y policías federales que comenzaron a llegar a la ciudad, serán 2 mil los efectivos destinados a Rosario. El objetivo es que comiencen a patrullar las zonas donde opera el narco, pero también desembarcarán investigadores que tendrán la clara misión de desarticular los otros eslabones que se desprenden desde los búnkeres de droga barriales y llegan hasta las más altas esferas de la sociedad. Es decir, la idea es atacar la compleja trama de lavado de dinero que financia a estas organizaciones.
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Las fuentes consultadas revelaron también que pesquisas de Prefectura pondrán bajo la lupa los movimientos en la hidrovía, esa gran puerta de salida que une una decena de puertos privados con el mundo y desde donde salieron en los últimos tiempos cargamentos de estupefacientes.
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