Enganchados premium: aumenta en Rosario la demanda del "congelador de medidores"

Tras el encarecimiento de las tarifas por la quita de subsidios nacionales, crece en Rosario la instalación de un mecanismo ilegal para congelar el medidor domiciliario de la energía eléctrica. Se trata de instalaciones que detienen el contador para pagar menos consumo, requeridas por clientes de alto poder adquisitivo, en su mayoría del centro, más conocidos como "enganchados premium".

Algunos electricistas contaron a La Capital de forma anónima que hay alta demanda para la colocación de un sistema de teclas que detiene el funcionamiento del dispositivo que contabiliza la cantidad de energía que consume un usuario. Lo que se instala es un mecanismo que hace que el medidor deje de contar, pero el hogar pueda seguir consumiendo normalmente.

Los pedidos de realización de este servicio no paran de crecer desde el tarifazo. El dispositivo consiste en la instalación de una térmica especial que funciona de forma paralela a la domiciliaria y que anula el medidor al accionarla, sacando un cable positivo desde atrás que básicamente "roba" energía para los "enganchados".

De este modo, los usuarios que conocen los movimientos de los inspectores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) dejan correr el funcionamiento del reloj que controla el consumo de 6 a 15, cuando podrían pasar a controlar, y luego detiene el contador desde las 15 y hasta el otro día a la madrugada, para no despertar sospechas.

Si el inspector no nota el cable paralelo que está ubicado detrás del medidor, verá que los números corren y seguirá camino. "Los ricos se las saben todas", subrayó un conocedor del paño.

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Clientes premium

Los técnicos que realizan esta práctica contaron que los llaman mayormente de edificios y casas de gran poder adquisitivo. Incluso, los electricistas señalaron que son convocados por individuos que son propietarios de varios departamentos en el mismo edificio (porque tienen un consultorio u oficina, más su propia vivienda y la de un hijo), quienes les piden que les instalen el mecanismo en todos al mismo tiempo.

El trabajo se cobra entre unos $200.000 a $400.000, dependiendo de la cantidad de cable que insuma la operación. En caso de un edificio, puede ser hasta 15 o 20 metros, cuesta entre $100.000 a $150.000, más una térmica que ronda entre los $15.000 y los $20.000.

De este modo, la trampa permite ahorrar una gran parte de lo que pagarían los usuarios por el tarifazo, que en algunos casos supera los $150.000 por factura.

Pero no solo lo piden personas con poder económico. También contaron que, en una fracción menor, lo solicitan personas que no llegan a pagar las tarifas. "Un jubilado que cobra la mínima gana $230.000, y me contó que le vino una boleta por $148.000 en dos cuotas, no lo puede pagar. También se solicitan otros trabajos para hacer trampa con el gas. En la calle hay de todo", refirió uno técnico que pidió guardar su identidad.

Si bien reconocen que en los barrios humildes "hay muchos enganchados", muchas veces con trabajos mal hechos, de baja complejidad y pericia, en los que a veces incluso el que interviene sin mucho conocimiento ni instrumental arriesga su vida, insistieron en que la mayor demanda está en el centro, macrocentro y zona norte residencial.

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A la caza de los enganchados

El presidente de la EPE, Hugo Marcucci, y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Rosario, Rubén Ciccarelli, firmaron en julio un convenio para implementar acciones de asistencia técnica e investigación para detectar conexiones ilegales.

El titular de la empresa energética enfatizó que "quienes delinquen y, además, pueden pagar las tarifas, son el foco de los que la EPE va a combatir. Que sepan todos aquellos que hurtan energía que los estamos persiguiendo y vamos a ir a fondo. Y van a ser denunciados ante la Justicia”.

En esa línea, Marcucci detalló que durante el primer semestre hicieron más de 50.000 verificaciones, de las cuales el 18 % fueron detecciones compatibles con hurto de energía. Esto significó para la empresa un recupero en el orden de los $450.000.000.

Lo firmado entre le EPE y la UTN Regional Rosario tiene como objetivo verificar y controlar el estado y funcionamiento de conexiones de baja tensión, entre otros, con una vigencia de 18 meses.