A fines de octubre de 2014, Edgardo Giménez falleció en medio de un asalto en su bazar de la localidad de Granadero Baigorria. El lunes pasado, tres personas fueron condenadas por el asesinato con penas de 18, 23 y 24 años de prisión. Después de la lectura de la sentencia, los familiares del comerciante respiraron con alivio. El fin del juicio no podía mitigar el dolor por la ausencia de su ser querido, pero sí les ofrecía consuelo después de cuatro años de reclamar una respuesta del Estado frente a lo irreparable.
La espera de los Giménez no es singular. Según las últimas estadísticas del Ministerio Público de la Acusación, durante 2014 en el departamento Rosario hubo 215 homicidios dolosos, producidos como consecuencias de ajuste de cuentas, en discusiones o riñas o robos, entre otras circunstancias.
De estos, a fines del año pasado el 60,47 % habían sido esclarecidos, no obstante sólo el 19 % había llegado a una condena, según el último informe de la fiscalía regional segunda del Ministerio Público de la Acusación.
En 2015, los homicidios dolosos fueron 206, con una tasa de esclarecimiento del 59,23 %. A fines de diciembre pasado, habían recibido condena 38 homicidios, 27 de ellos en abreviados.
El informe da cuenta de los homicidios dolosos ocurridos desde la implementación del nuevo sistema procesal penal, febrero de 2014, y el 25 de diciembre del año pasado. Cuando se presentó el trabajo, el fiscal en la Unidad Especial de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, consideró alentador contar con más del 60 % de hechos en los que se pudo identificar a sus autores; aunque reconoció también que son casos que todavía no tienen una sentencia.
El proceso
Los prolongados vericuetos que tienen los procesos penales son uno de los reclamos que con mayor frecuencia aparecen entre los familiares de las víctimas. La espera de meses por los resultados de pericias que podrían resultar claves, la tarea de buscar testigos, las audiencias que se aplazan o se suspenden o tener que permenecer en el mismo hall de acceso a las salas de audiencia o en la misma fila de asientos con los familiares de los acusados son parte del trajín cotidiano de padres, hermanos o parejas que transitan por los tribunales provinciales.
"Llevar a alguien a juicio es estar sufriendo constantemente la muerte de tu ser querido, una y otra vez", coinciden familiares que aportaron su testimonio para esta nota.
Los organismos del Estado que tienen como objetivo garantizar el acceso a la Justicia y acompañar a las víctimas conocen estos reclamos. "La investigación de las causas avanza, quizás se demora más la acusación para ir a juicio", apunta Fernando Sirk, al frente del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario, y advierte sobre la coincidencia de dos situaciones que corroen la posibilidad de brindar respuestas eficientes y rápidas: un índice de delitos que si bien está disminuyendo se mantiene alto y un aumento en la complejidad de los casos.
Este año, el CAJ se presentó como querellante en unas cincuenta causas. "La persona que atraviesa un proceso judicial está en una crisis constante por lo que significa el seguimiento de las causas. La gente que no está en la materia no logra entender los plazos de la Justicia, por eso se necesita de un abordaje interdisciplinario, que incluye una representación técnica jurídica, pero también de psicólogos y trabajadores sociales", considera.
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Casos y casos
Guillermo Campana es abogado y representó como querellantes a las familias de numerosas víctimas de violencia institucional, más conocida como de gatillo fácil. Muchos de estos casos tomaron amplio estado público, como el de Franco Casco y Pichón Escobar, que se tramitan en juzgados federales; y otra decena que se desarrolla en los Tribunales provinciales. La mayoría de estos casos tiene entre cuatro y dos años y medio, y sólo uno llegó a juicio.
Campana destaca que cualquier crimen modifica drásticamente la vida de una familia. "En muchos casos se pierde a la persona que garantizaba el ingreso familiar, se pierden fuentes laborales por el mismo trajín que implica tener que transitar con frecuencia los Tribunales o por el dolor o el sufrimiento que impide continuar con sus actividades habituales", enumera; pero señala que "en los casos violencia estatal hay una particularidad que es que existe una negación del Estado de todos estos hechos, lo que genera aún más angustia e impotencia".
En general, destaca, "los procesos son lentos por varias razones, porque la Fiscalía no impulsa las medidas necesarias para esclarecerlos o porque las pericias llevan en general mucho tiempo, una pericia telefónica puede tardar seis meses, en un caso esperamos un año una pericia caligráfica, faltan equipos científicos y falta tecnología de investigación científica. Pero en los casos de violencia institucional el principal escollo es el desinterés de los fiscales", opina.
El Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo brinda asistencia interdisciplinaria tanto a las víctimas de delitos como a sus familias. El mayor volumen de casos que llegan hasta las oficinas del CAV se relaciona con situaciones de violencia contra la mujer. "Nuestro acompañamiento tiene que ver con evitar la revictimización que se produce en todo el derrotero que significa presentarse a hacer la denuncia o accionar en el ámbito de la Justicia", señala Mariana Allario, psicóloga y subdirectora del CAV.
En este camino, destaca, resulta fundamental que las víctimas puedan conocer cuáles son sus recursos o las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos.
Allario reconoce la importancia de la reparación judicial frente a pérdidas que resultan irreparables, pero subraya la importancia de un abordaje integral "que permita a las personas ir reparando las situaciones dramáticas que ha vivido".
La sanción penal, destaca, es una parte del restablecimiento, porque muchas veces no pueden empezar el duelo, porque todo el proceso implica estar reviviendo y reactualizando permanentemente esa situación dolorosa. "Por eso es necesario un acompañamiento integral", destaca, que posibilite salir lo más airoso posible de esa ruta crítica. Por más extensa y lenta que sea.
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