"Si en julio las obras sociales no pagan, en agosto no abrimos", lamentaron desde Alas, un Centro de Día con 38 años de trayectoria, que brinda atención interdisciplinaria a 30 adultos con diferentes discapacidades. Ante el abandono del gobierno nacional por no cumplir con la ley de emergencia, la millonaria deuda del programa federal Incluir Salud y el atraso de las obras sociales desde noviembre pasado, la asociación civil quedó al borde del cierre, como ya ocurrió con otros tantos espacios en Rosario.
La coordinadora terapéutica general del espacio, Marina Tur, contó a La Capital que este miércoles al mediodía realizaron una convocatoria y repartieron panfletos en la puerta de este espacio terapéutico de Oroño al 3400, para visibilizar la situación que vienen atravesando como todas las instituciones que asisten a personas con discapacidad.
Discapacidad, entre la perversidad y la burla
"Si en julio las obras sociales no pagan, en agosto no abrimos. Es perversidad y burla lo que está haciendo este gobierno", cuestionó con gestos elocuentes de indignación por la situación que atraviesan como ocurre en todas las esferas estatales.
Es por eso que este martes se unieron a la cuarta Marcha Federal por la Educación Pública junto con la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) para reclamar que el gobierno no sólo cumpla con la ley de emergencia sino que aplique plena vigencia a la ley de discapacidad.
"Hay familias que nos llamaron porque se quedaron sin trabajo y no saben qué va a pasar con la obra social y si se pasan al programa Incluir Salud o Carenciados, ya que muchos integrantes de nuestro espacios no tienen para comer. Por eso no sólo hay 26 puestos de trabajo en riesgo sino que las familias de nuestros chicos se van a quedar sin alimento", dijo Tur.
La coordinadora alertó que hasta julio podrán sostener el espacio, pero que si la situación no cambia en agosto tendrán que cerrar sus puertas y quedar a la deriva. "Alas tiene 38 años. Transitamos la pandemia, distintos gobiernos, pero hoy no tenemos formas de poder sostener semejante institución. Es lamentable lo que está ocurriendo", aseguró.
En ese marco, consignó que el programa federal Incluir Salud ostenta una deuda desde el año pasado, cuya cifra alcanza los 90 millones de pesos. "Más de la mitad de los chicos que asisten a nuestro espacio tiene ese plan. De ahí dimensionamos la crisis de Alas, ya que 30 familias dependen de la institución porque, además de las terapias y los talleres, ofrecemos desayuno, almuerzo y una vianda, porque la mayoría no tiene para comer a la noche", apuntó.
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También reflexionó acerca de otro factor colateral grave que ya comenzó a surgir a raíz del inminente cierre. "A nivel terapéutico, en dos meses los chicos no van a venir a Alas y entonces empiezan a mostrar conductas emocionales. Ese retroceso en la terapéutica llevará el doble de tiempo para poder recomponer el lazo afectivo que cuando habíamos empezado a trabajar. Nadie dimensiona lo que es quedarse sin terapia", puntualizó.
Alas trabaja con 30 adultos, de entre 25 y 58 años. La mayoría posee el programa federal Incluir Salud. Además hay un gabinete terapéutico interdisciplinario compuesto por 24 personas, entre las que se encuentran profesores de educación física, acompañantes terapéuticos, psicólogos y personal administrativo.
Incertidumbre
En ese escenario también reclaman deudas con obras sociales, aunque algunas tienen atrasos de tres meses y otras directamente dejaron de hacerlo. "El sector de discapacidad está desintegrado. ¿Dónde van a ir a parar estas familias?", lamentó preocupada.
El espacio institucional es de gran magnitud y debe afrontar un alquiler con ajustes trimestrales. A eso se suman los gastos en insumos para talleres, sueldos de los profesionales y lo que surge en el acontecer a diario.
"¿Cómo hacemos para sostener un espacio cuando la deuda es impensable? Como es una asociación civil sin fines de lucro, la comisión está compuesta por algunas familias. Somos un tridente laburando para que no se cierre. Estamos hablando de que nuestros chicos necesitan este espacio para vivir, tan esencial como eso", remarcó Tur.
Triste realidad
La titular de Apridis, Mariel Chapero, reseñó que el Estado nacional suspendió los pagos desde noviembre de 2025 y así se mantuvo durante cinco meses.
"Cuando retomaron, lo hicieron de forma aislada y eso generó un problema de magnitud, ya que no todos los centros de día u hogares tienen una población importante que accede al programa Incluir Salud", expicó.
Aclaró que existen espacios que tienen mayor diversificación de financiadores, tales los casos de gobiernos provinciales, municipales, aportes de Nación, obras sociales y prepagas. Sin embargo, sentenció: "La deuda que mantiene el Estado nos termina hundiendo a todos".
Asimismo, evaluó que la realidad "es tan triste que es difícil aspirar a un pensamiento optimista en relación a todo esto". Y en ese contexto, aseguró que muchos espacios y entidades deben soportar las auditorías programadas desde Nación.
"Es como que el Estado primero te desfinancia todo para después decir que no sirve. Lo mismo está ocurriendo con las universidades públicas del país, es parte de su artilugio para desmantelar todas las políticas públicas", sostuvo.
