Por Claudio González
La cartelería es contundente con el mensaje al que se le debe prestar mayor atención.
La Cámara de Diputados de Santa Fe tiene bajo evaluación un proyecto de comunicación en el cual se solicita al Poder Ejecutivo que garantice el bienestar de una joven que estuvo desde los siete años bajo protección del Estado, fue víctima de abuso sexual en un centro de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, y hoy atraviesa una compleja situación de desamparo. Un caso de doble vulneración y violencia institucional.
El caso de esta M. (no es la identidad real sino a los fines de esta nota) podría utilizarse como ejemplo del absoluto fracaso del Estado provincial en las políticas de niñez y en el tratamiento de las infancias vulneradas.
Mucho más complejo pero con incumbencia de las áreas sociales y del Poder Judicial, también podría citarse lo ocurrido con Zacarías Sharif Azum, un adolescente de 15 años problematizado que estaba bajo proceso judicial como responsable del crimen de una adolescente, y terminó asesinado el domingo. Y el de Derian Varela, otro chico de 14 años que tenía historial delictivo desde los 8 años, una familia ligada a la delincuencia, y fue su vida se apagó a balazos en septiembre.
De las anteriores administraciones de Niñez se puede decir que abundaron en desprolijidades y designaciones «a dedo», con personal incompetente y precarizado. Y las autoridades del momento no asumen como propio “sino como errores del pasado” realidades que les rozan en las narices.
Ahora la diputada provincial Lucila de Ponti (PJ) tomó el recorrido de la joven que, tras ingresar a los 7 años al sistema de Niñez por una medida excepcional de protección, entre los 12 y los 13 años fue abusada por un acompañante personalizado.
Los gravísimos hechos ocurrieron en 2015 y 2016 en el ámbito de un alojamiento del organismo. La chica se atragantó los padecimientos, y aunque lo contó, nadie la escuchó. Hasta que a fines de 2020 vio que su agresor seguía trabajando en Niñez y se lo confesó a un compañero. Las autoridades omitieron denunciarlo en el momento y recién lo hicieron en abril de 2021.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación. El agente acusado fue hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el encargo de la custodia de la víctima, y lo condenaron a 10 años de prisión. En ese trámite quedaron en evidencia las severas desprolijidades y demoras administrativas en Niñez.
Nadie asumió los groseros actos de negligencia que marcarían la vida de la víctima. Es más, cuando el fiscal Ramiro González Raggio derivó parte del legajo a su colega Mariángeles Lagar para que investigue posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero decidió archivarlo sin demasiados argumentos.
Tras cumplir la mayoría de edad, la víctima fue acompañada en su camino hacia el egreso de la institución. Pero en este último tiempo además se conformó una red profesional desde la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para asistirla en el traumático proceso judicial. Pero se trata de un seguimiento que no representa una verdadera política de Estado que brinde una respuesta concreta para M.
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Aquellos que tuvieron contacto con el recorrido institucional de la joven, dicen que se trata del “fiel reflejo del fracaso del Estado en el sistema de protección de las infancias vulneradas y de lo mal que se trabaja”. Es que la chica ingresó a los 7 años por una medida excepcional que supuestamente intentó resguardarla de una familia que la ponía en riesgo. Sin embargo, egresó más avasallada.
Y ese estado la lleva a tener intermitencias emocionales que la ponen en riesgo, sobre todo cuando la alternativa es la calle. Con vaivenes lógicos, está desamparada, con casi nulas referencias familiares con las cuales se pueda vincular afectivamente. “En su vida no tuvo prácticamente cuidados parentales, y el Estado tampoco pudo hacer algo por ella”, indican las personas que conocieron su historia.
Para algunos especialistas, la situación actual de M. tiene directa relación con su traumático y hasta violento paso por Niñez. “Estuvo desde muy niña institucionalizada y nunca se pudo hacer nada bueno. Tampoco ahora con la mayoría de edad. Hubo y hay funcionarios que creen que los niños son objetos”, advierten los profesionales consultados por La Capital.
La semana pasada la diputada De Ponti se hizo eco del caso: presentó un proyecto de comunicación en la Legislatura para que el Poder Ejecutivo se haga cargo y “arbitre los medios que correspondan para brindarle ayuda a la víctima, en busca de garantizar el bienestar integral”, expresa entre sus argumentos.
En ese sentido, requirió que se “le pueda garantizar vivienda, asistencia integral de salud; educación; gastos de manutención, y empleo”. Tras recordar parte del recorrido de la joven, detalló que en la actualidad “atraviesa una grave situación personal, con problemas emocionales derivados del abuso padecido, se encuentra en situación de calle y sin sustento económico”.
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Además, la legisladora recalcó que “es deber el Estado provincial reparar, en la medida de lo posible y acorde a sus atribuciones, algo del daño que padeció la víctima mientras estuvo bajo su cuidado”. Con esos argumentos, solicito la aprobación del proyecto, que podría tratarse en la sesión de este jueves.
Cuando hace pocos días se conocieron los fundamentos del fallo condenatorio contra un cocinero por abusar de una adolescente en el Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) de calle Virasoro al 1800 de Rosario de la Dirección Provincial de Niñez Adolescencia y Familia, el Tribunal advirtió que el caso desnudó “falta de profesionalismo y formación del personal que tenía acceso a los niños, niñas y adolescentes. Esto genera un inadecuado abordaje de la delicada situación en que se hallan estos menores vulnerables”.
Y citan en ese sentido el fallo del juicio contra A.C., el acompañante terapéutico también condenado a 14 años por abusos contra M. entre 2015 y 2016, donde se expresa también que esa situación de desprolijidad administrativa “trasciende a las distintas gestiones”.
Más aún, el Poder Judicial alertó, según la declaración de los testigos del juicio, que no existía protocolo que indicase cómo proceder en casos de abuso sexual intrainstitucional, ni tampoco programa que identificase preventivamente los riesgos y estableciera procedimientos para evitar su materialización”. Gravísimo.
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