Un hombre que trabajó como cocinero en un dispositivo de alojamiento para infancias vulneradas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia fue condenado a 9 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar de una adolescente de 17 años en febrero de 2019. La verosimilitud en la narración de la víctima, sostenida en el tiempo y sin fisuras, más el relato concordante de 23 testigos, muchos de ellos profesionales psicólogos, inclinaron la decisión unánime del Tribunal. La víctima estuvo presente en la sala para escuchar el veredicto.
Ayer tuvo punto final el juicio oral y público contra un cocinero de 30 años que se desempeñó en el Dispositivo de Alojamiento Transitorio (DAT) de calle Virasoro al 1900, un espacio donde Niñez supo derivar chicos sujetos a medidas excepcionales de separación de sus familias por vulneración de derechos, y que ahora se usa para medidas urgentes.
El Tribunal conformado por los jueces Facundo Becerra, Mariano Aliau y José Luis Suárez ingresó a las 12.45 a sala 4 del Centro de Justicia Penal (CJP) donde ya esperaba el acusado, Alan B., su defensor, el abogado del Servicio Público de la Defensa Penal Darío Pangrazi, y el fiscal Ramiro González Raggio junto a sus colaboradores.
Veredicto unánime
En un extremo de la sala se sentó la víctima. A su lado estaban cuatro profesionales de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia y psicólogas del centro residencial Casona de Puentes, donde fue derivada tras sufrir los vejámenes en el DAT. Recién allí fue escuchada, contenida y se activó la denuncia.
Con la mujer del acusado sentada en otro extremo de la sala, el juez Becerra leyó la sentencia en siete minutos: “Se resuelve en nombre del Poder Judicial condenar a Alan E. B. a la pena de 9 años de prisión por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse del encargado de la guarda, dos hechos, y abuso sexual simple agravado por la misma circunstancia, en concurso real”.
En un segundo punto, el Tribunal decidió absolver al acusado por el delito de amenazas coactivas por desistimiento de la Fiscalía durante el debate. Becerra ordenó la inmediata prisión preventiva del cocinero, y su alojamiento en un establecimiento penitenciario.
No obstante, hubo un voto en minoría del juez Aliau, quien se inclinó por rechazar la prisión preventiva efectiva, y que en su lugar se mantenga la modalidad domiciliaria con las alternativas de control.
Breve silencio y shock
El juez terminó su lectura y se hizo un breve silencio, que se cortó cuando los policías se acercaron al acusado para esposarlo y retirarle sus pertenencias. En ese momento, su mujer rompió en llanto envuelta en una crisis de nervios.
“Es mentira todo lo que inventó, no hay justificación, tenemos dos hijas, ellas no pueden crecer sin su papá. No puede ser, no puede ser”, sollozaba tras caerse semi desmayada en la puerta de la sala. Los policías la auxiliaron y pidieron asistencia médica. Mientras, un hombre mayor la abrazaba en uno de los pasillos del edificio.
Unos minutos antes la víctima había abandonado la sala en absoluto silencio. Cuando desde la otra punta del pasillo escuchó atronar los gritos de la mujer de su ofensor sexual, decidió retirarse del edificio junto a las personas que la acompañaban.
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Relato creíble y coherente
Tras el fallo, el fiscal González Raggio indicó que desde un primer momento se pudo demostrar que el relato de la víctima era “creíble, coherente sostenido en el tiempo. La chica declaró entre 10 y 13 veces”, advirtió el funcionario sobre la recurrente revictimización que surge de los propios organismos del Estado, puntualmente de Niñez.
La Fiscalía rescató que la chica nunca evidenció interés espurio en acusar al agresor. “Pusimos en evidencia que además ella se perjudicó, porque había llegado al dispositivo con su hermano, y cuando la trasladaron, le implicó mucho sufrimiento porque los separaron. Es más, ella sintió culpa por hablar, porque en vez de separar al agresor y denunciarlo, la trasladaron”, recalcó Raggio quien n sus alegatos de apertura había solicitado 14 años de prisión.
De los 23 testigos que aportó la Fiscalía para sostener su idea del caso, al menos seis eran profesionales psicólogos, otros acompañantes personalizados y operadores de Niñez. Pero también declararon dos compañeras de la víctima, a una le contó lo que padecía, y otra fue testigo de al manos una situación de angustia que atravesó apenas después de ser abusada.
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Por situaciones que la ponían en riesgo en su ámbito familiar en 2019, la adolescente fue alojada en el dispositivo de calle Virasoro junto a un hermano menor de edad.
Según la investigación judicial, allí fue sometida en al menos tres oportunidades en la cocina y en habitaciones, donde el acusado la obligaba a tener relaciones sexuales bajo amenaza de no darle raciones de comida o prohibirle momentos de esparcimiento.
