La provincia llevará adelante por primera vez un acto de reparación a una mujer que denunció la violencia ejercida durante años por su padre y fue revictimizada en un proceso judicial donde el acusado resultó absuelto con una sentencia que Naciones Unidas consideró más tarde "viciada de prejuicios sexistas". Para Viviana Della Siega, integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) —que junto al Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) elevó el caso al comité internacional—, se trata de que "el Estado por una vez se haga cargo de sus falencias", y agregó: "Fue uno de sus estamentos, la Justicia, la que incurrió en una falla y eso no puede ser gratuito". Si bien la militante feminista reconoció "la importancia y el hecho simbólico" de la ceremonia que se llevará adelante el viernes, en la sede de Gobierno, también advirtió que Nicolás Julio Muse Chemes, "el magistrado que firmó la sentencia, sigue en su cargo y estuvo a punto de ser ascendido"
La víctima, conocida por sus iniciales C.E.R,, tenía 19 años cuando denunció en Reconquista, la ciudad donde vivía, la situación de violencia y abuso reiterado a la que era sometida desde los 13 años, y también sus hermanas. Si bien en junio de 2011 la Justicia de Instrucción en Penal procesó al denunciado por encontrarlo autor responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado en número indeterminado de veces, el juez de Sentencia de Vera, Muse Chemes, sobreseyó al imputado y, en agosto de 2012, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera ratificó la sentencia absolutoria que quedó firme ante la no apelación de la Fiscalía.
En estado de total vulnerabilidad y sin representación legal, las víctimas tuvieron que abandonar la vivienda, en tanto, el imputado volvió al domicilio y festejó la decisión de la Justicia. A partir de allí, C.E.R, a través del equipo de trabajo de Insgenar y Cladem, inició otro camino: elevar el caso ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, que lo aceptó a fines de 2013, siendo el primero que acepta en el país.
La revisión del expediente y las sentencias concluyeron que el acusado "fue absuelto en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y de clase, así como la desestimación constante de los dichos de la víctima", y en 2016 se firma un compromiso entre la víctima, las organizaciones y el gobierno provincial con una agenda reparatoria que incluyó una solución habitacional y laboral como medidas reparatorias para la víctima, así como las llamadas "medidas de no repetición", que incluyen capacitación a operadores judiciales, investigación de jueces, fiscales y operadores intervinientes en el proceso penal para determinar responsabilidades, y capacitaciones en tratamiento mediático sobre niños, niñas y adolescentes y abuso sexual con perspectiva de género y derechos humanos.
La reparación
"Es la culminación de un proceso de años, es la reparación del daño moral hecho y una reparación histórica que el Estado debe hacer ante una Justicia que es misógina, que siempre cree que las mujeres mienten y que tiene diferentes varas a la hora de escuchar a hombres y mujeres", señaló Della Siega.
Ya lejos de Reconquista, instalada en Rosario, trabajando y habiendo finalizado sus estudios, C.E.R será protagonista de una ceremonia —este viernes, a las 11, en el Salón Blanco de la sede de Gobernación— donde el Estado recocerá públicamente su responsabilidad en la vulneración de derechos que sufrió, ante una Justicia que no sólo no le dio respuesta sino que "la revictimizó".
La integrante de Insgenar destacó "la importancia de la ceremonia para la víctima", pero fue más allá al considerar que "esto no es aislado, es un patrón que se repite y donde se le da poca importancia a la defensa de los derechos de las mujeres, donde siempre hay una excusa para que la pena para los hombres sea menor o, como en este caso, ni siquiera haya pena".
Y fue más allá contra el Poder Judicial al afirmar que "los jueces sentencian con tanto prejuicio y desconocimiento de los derechos humanos, de la Constitución y de los Tratados Internacionales, que el Estado tiene que hacerse cargo de eso, tiene que haber punición", aunque aclaró: "Muse Chemes, cuyo ascenso fue propuesto por la provincia y frenado por el movimiento de mujeres, sigue en su cargo".
