Una joven de 23 años oriunda de Reconquista, víctima de una violación incestuosa que quedó impune, podría recibir una reparación material de parte de los Estados provincial y nacional gracias a la intervención de la Organización de la Naciones Unidas, y a las gestiones del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entre otros actores comprometidos con el caso. Además, en caso de acceder a los requerimientos del órgano internacional, el gobierno debería pedir perdón públicamente a la víctima, comprometerse a capacitar a los miembros del Poder Judicial en materia de violencia de género y abuso sexual incestuoso y sancionar a los funcionarios intervinientes en la causa.
"Estamos exigiendo al gobierno provincial una serie de medidas que tienen que ver justamente con la promoción de derecho de C.E.R (tales las iniciales del nombre de la víctima) y garantizarle la reparación histórica. En las próximas semanas habrá una reunión con el ministro de Justicia de la provincia porque este tema ya tiene varios años, y no ha sido totalmente resuelto en cuanto a la agenda de reparación de la víctima, que no se ha cumplido. Hoy tiene 23 años y la posibilidad de constituir sus derechos en forma plena. siendo que es el mismo Estado el que los vulneró", expresó la concejala rosarina Norma López, al encabezar una conferencia de prensa realizada ayer en Rosario, con la participación de la vicepresidenta de Insgenar, Viviana Della Siega; Susana Chiarotti, abogada integrante de Cladem y Soledad Salazar, presidenta del Concejo de Reconquista.
El padre de C.E.R., de 50 años, abusaba sexualmente no sólo de ella sino de dos de sus medio hermanas menores. Las obligaba a hacerles masajes a la siesta, y después las llevaba a un campo para vejarlas. Luego de seis años de calvario, C.E.R. y una de sus hermanas abusadas por su progenitor se animaron a denunciarlo, pero el juez Nicolás Muse Chémez dictaminó que no había pruebas suficientes y, agotadas todas las instancias, lo absolvió. Fue a través de los medios de comunicación que las hermanas se enteraron de la liberación y sólo C.E.R. decidió seguir adelante con la denuncia internacional. La muchacha debió mudarse a Rosario, y tiene un hijo que no es producto de las violaciones.
"Tomamos conocimiento de esto y empezamos a trabajar con la psicóloga Gabriela Sosa (titular de la flamante Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe), porque la víctima no había tenido contención por parte del Estado, y convocamos a Viviana (Della Siega) y Susana (Chiarotti), quienes tienen experiencia suficiente en la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Este caso era muy particular y ellas ya habían llevado adelante un planteo con muy buenos resultados con una reparación histórica en la provincia del Chaco", comentó Salazar.
"Con ellas comenzamos acciones legales al Estado provincial, nacional y también una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo la reparación, porque la Justicia siempre falló contra C.E.R. y además liberó permanentemente al padre, que es el violador. El organismo internacional admitió la causa y comenzó a trabajar en consecuencia el Concejo Nacional de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Cancillería, y en la provincia, las secretarías de Derechos Humanos y Desarrollo Social", agregó la concejala reconquistense.
"Acudimos a Naciones Unidas porque el caso ya está cerrado: a este hombre no se lo va a juzgar nuevamente. Es por ello que, por un lado, pedimos que se trabaje con la Justicia para que no se repita.
Por otra parte, el Estado, en sus distintas instancias, ha violado los derechos de C.E.R. En este momento estamos en esta etapa en reparación y nos preocupa que vamos muy lento y que la vida continúa, ella tiene que vivir acá, necesita un trabajo, tiene una criatura, necesita ser sostenida. Ya tiene una casa que le otorga el gobierno provincial, pero es preciso que tenga un trabajo que le otorgue autonomía", remarcó Della Siega.
Para el 4 de febrero se fijó una reunión en la sede de Gobierno de Rosario donde estarán presentes todos los actores estatales involucrados, donde se espera que se firme el acuerdo de reparación individual, que consiste en el otorgamiento de vivienda, trabajo y una indemnización para C.E.R, a quien el Estado provincial y nacional deberán pedir perdón a través de publicaciones en tres medios gráficos. Por otra parte, se rubricaría una "garantía de no repetición", de manera que ambos gobiernos "asuman la responsabilidad internacional y capaciten a los miembros del poder judicial en violencia de género y en abuso sexual incestuoso", señaló Chiarotti.
Además, "se tiene que sancionar a nivel judicial a todos los funcionarios que participaron en el caso, investigar cómo lo hicieron y sancionarlos, porque si no se va a repetir", destacó la referente de Cladem.
Denuncian un caso cada tres días en Reconquista
Basándose en relevamientos periodísticos, la presidenta del Concejo reconquistense, Soledad Salazar, reveló que "hay muchísimos casos de violaciones incestuosas. El porcentaje es muy alto a tal punto que se denuncia una violación cada tres días sólo en Reconquista, donde se da la impunidad del Poder Judicial para operar. Es por ello que éste (por el caso de la impune violación de C.E.R.,) puede llegar a ser un caso testigo, porque por primera vez se va a reparar a la víctima y el Estado admite que hubo una ciudadana que abandonó a su suerte y vulneró sus derechos. Por eso estamos pidiendo que se haga cargo de ella", enfatizó la edila y resumió: "En el norte provincial es normal que esto pase".
Por otra parte, la referente de Cladem, Susana Chiarotti, denunció que "hay un protocolo para los casos de violencia en general, pero no hay uno a nivel provincial para trabajar con abuso sexual incestuoso. Entonces el resultado es una serie de acciones descordinadas de distintos sectores del gobierno. El principal problema que nos marcan los comités internacionales de los derechos humanos es que en Argentina hay una gran desarticulación entre la gente que aborda el problema de la violencia. Eso es precisamente lo que nosotros notamos; no se comunican entre sí, no hay acciones articuladas. Eso tiene que cambiar porque en el medio hay niñas, niños y adolescentes abusados".
"En estos casos es mucho lo que hay que hacer. Creo que hemos avanzado en algunos aspectos pero además de los protocolos lo que tiene que haber es que la Secretaría que antes era la Dirección de Género no tiene que trabajar solamente en la atención de la víctima sino que debería establecer políticas con perspectivas de género en todos los sectores del gobierno, lo cual hasta ahora en nuestra provincia no se ha hecho. Las leyes, los instrumentos, los tenemos. Necesitamos mucha sensibilización, capacitación tanto a nivel del Ejecutivo como del poder judicial para que las normativas se cumplan y estos derechos nuevos reconocidos para las mujeres sean tenidos en cuenta", concluyó Della Siega.
