Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Este miércoles Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legalizar la eutanasia. Tras doce horas de debate y con 20 votos afirmativos sobre un total de 31, el Senado uruguayo aprobó la llamada “Ley de Muerte Digna”. A partir de la nueva legislación, los pacientes con patologías terminales, con graves efectos en su calidad de vida, podrán solicitar este procedimiento, que debe ser aprobado por profesionales de la salud.

En un hito histórico para la región, Uruguay se suma a la corta lista de países que autorizan la muerte asistida en contextos particulares y bajo ciertas condiciones, junto a Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, España y algunos cantones de Suiza.

En cuanto a América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales concretos, pero es la primera vez en la historia del continente que este procedimiento queda permitido mediante una ley.

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Originalmente, el proyecto fue impulsado en 2020 por el exdiputado del Partido Colorado Ope Pasquet. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en junio de este año, con 64 votos a favor y 29 en contra. Finalmente, este miércoles fue aprobado de manera definitiva en la Cámara Alta.

Cómo es la ley que legaliza la eutanasia en Uruguay

La Ley de Muerta Digna uruguaya reconoce el "derecho a transcurrir dignamente el proceso de morir”. En ese sentido, despenaliza la eutanasia en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen enfermedades incurables e irreversibles, o sufran dolores insoportables y un deterioro progresivo de su calidad de vida. Pueden solicitar este procedimiento los ciudadanos uruguayos y los extranjeros con residencia habitual comprobada.

En particular, la ley de eutanasia aprobada en Uruguay exige la valoración de dos médicos. En caso de discrepancias entre ambos profesionales, intervendrá una junta médica.

Podrán ofrecer el servicio las mutualistas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), los seguros privados, Sanidad Militar y Policial y el Hospital de Clínicas. En cambio, las clínicas privadas no estarán habilitadas.

La muerte producida por esta vía será considerada natural a efectos legales, y todos los casos deberán reportarse ante una comisión de revisión anual.