Los dirigentes de la Asociación de industriales Metalúrgicos y de la UOM se reunieron con el secretario de Trabajo para analizar la difícil situación por la que atraviesa el sector en la región y discutir herramientas de alivio
Por Alvaro Torriglia
La actividad metalúrgica está en crisis.
Las industrias metalúrgicas están entre las más afectadas por el cambio de política económica.
La situación de la industria metalúrgica en la región encendió todas las alarmas. Las conducciones de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se reunieron con el secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, para analizar el panorama de la actividad y discutir herramientas que permitan amortiguar el impacto de la crisis en el empleo.
Durante el encuentro tripartito se expusieron los casos de numerosas empresas que actualmente enfrentan dificultades productivas y financieras, con suspensiones de personal y una marcada caída en los niveles de actividad.
“El objetivo principal de la reunión fue solicitar la implementación de herramientas que permitan sostener el empleo y la producción, ante un contexto que afecta directamente a la estructura industrial local”, señalaron desde AIM.
En representación de la entidad empresarial participaron su presidente, Rafael Catalano, y el secretario general, Mariano Casermeiro. Por parte de la UOM estuvieron presentes su secretario general, Antonio Donello, y el asesor legal Pablo Cerra.
Precisamente, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Rosario, Pablo Cerra, estimó que se perdieron unos 2 mil empleos de esa rama de actividad en la región desde que comenzó el gobierno de Milei y que hay 30 empresas que acordaron suspensiones.
Los procedimientos preventivos de crisis, que se gestionan a nivel nacional, y los acuerdos para suspender personal bajo el régimen del artículo 223 Bis de la ley de contrato de trabajo, son herramientas que contribuyen a amortiguar el impacto de las crisis económicas en el empleo dentro de los establecimientos empresarios. Hoy esos instrumentos se están utilizando a full pero no está claro hasta cuándo alcanzarán para frenar los despidos en un contexto de constante caída de la actividad.
“Los tiempos se agotan para las industrias, hay empresas que hace seis meses que están con suspensiones y no se ve un horizonte de reactivación”, explicó Catalano, de AIM, quien aseguró que tanto desde la entidad empresaria como desde el gremio buscan expresar con contundencia “la complejidad de la situación que se está viviendo”.
Durante el encuentro se exploraron alternativas de intervención, dentro de los márgenes limitados que tienen los niveles subnacionales frente a una crisis general de actividad. Se habló de redireccionar créditos subsidiados para inversión al financiamiento de capital de trabajo. También de proveer ayuda social a personal desvinculado y de solicitar la reactivación del programa Repro, que durante gobiernos anteriores se utilizó para ayudar a las empresas a pagar los sueldos en tiempos de recesión. El problema de este instrumento, que se mostró muy eficaz, es que es un plan nacional que hoy está congelado por decisión de la administración de Javier Milei.
El presidente de la Nación sí prometió el viernes pasado en San Nicolás en una reforma laboral, una consigna casi ideológica que se agita desde un sector de la política pero que no salva del cierre a un establecimiento que no tiene demanda para sus productos.
De acuerdo a un informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), desde el cambio de gobierno cerraron casi 1.800 establecimientos productivos en la provincia de Santa Fe. Es uno de los efectos negativos más duros que el modelo económico nacional tuvo en la provincia, según un informe que acaba de publicar el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate).
El trabajo que evalúa los impactos de la política económica en la región comparó, además, la evolución del empleo formal entre mayo de 2023 y mayo de 2025. Se perdieron casi 14.500 puestos en el período, encabezados por la industria, que resignó 6.000.
En esas condiciones, el salario de los santafesinos que trabajan en el sector privado perdió $ 1,4 millones durante esta gestión.
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