La Justicia de Mendoza negó ayer la autorización de abortar solicitada hace tres
semanas por la madre de una niña de 12 años, que quedó embarazada durante una violación cometida
por su padrastro, y dispuso una serie de medidas de protección y contención para la nena.
El titular del Juzgado de Familia, Germán Ferrer,
fundamentó ayer su resolución, mientras la niña permanece en buen estado de salud internada en el
Hospital Humberto Notti.
"No se autorizó la interrupción del embarazo, se ordenó la
externación de la niña y se dio su guarda a una abuela", dijo el juez.
La madre de la niña había denunciado a mediados de agosto
ante la Unidad Fiscal de Maipú que su hija había sido violada y embarazada por un desconocido
encapuchado cuando volvía de la escuela.
Según la mujer, ese hecho ocurrió a fines de julio y ella
detectó la situación al comprobar un atraso menstrual de la niña, tras lo cual un médico constató
el embarazo.
Luego la mamá junto con la abogada Mónica Runno solicitó
autorización para que le practicaran a su hija un aborto terapéutico basado en al artículo 86 del
Código Penal, "por daño de la salud psíquica y física".
A principios de septiembre el fiscal de Instrucción
Santiago Garay solicitó a la Justicia un estudio de ADN al concubino de la madre, padrastro de la
niña embarazada. Cuando el hombre era trasladado de regreso a su casa en un patrullero confesó
haber violado a su hijastra y quedó detenido.
Ferrer entendió que "el inciso 2 del artículo 86 luego de
la última reforma solamente prevé la posibilidad de no punir el aborto practicado por un médico
diplomado cuando es el resultado de la violación a una mujer idiota o demente, y esta joven ni era
idiota ni era demente".
Ferrer sostuvo que "prima facie la niña no estaba cubierta
por la hipótesis legal y por lo tanto ningún médico podría haber realizado el aborto sin
autorización judicial a riesgo de haber sido luego condenado penalmente y que, por consiguiente,
resultaba razonable, en este caso, acudir a la Justicia".
Quiere tener a su hijo. El magistrado indicó que a través del trabajo de los
peritos se llegó a la conclusión que "el deseo de la niña, un deseo sostenido, era de que el feto
no sufriera ningún daño y que por lo tanto deseaba seguir cursando el embarazo".
Además, dijo que según los peritos "la interrupción del
embarazo podría producir en esta niña un trastorno de su personalidad que la podía sumir en
patologías psiquiátricas irreversibles como la psicosis".
Según el magistrado, la decisión de internar a la chica se
fundamentó en tres motivos: que tuviera acceso a estudios en un nosocomio de alta complejidad; la
sospecha de que el padrastro fuera el violador, y la finalidad de aislar a la víctima del abusador.
"Además se trata de un grupo familiar carenciado, vulnerable, que no puede hacer frente a las
presiones de los grupos pro y antiabortistas y de la prensa", subrayó.
"Las pericias fueron determinantes para señalar que ella entendía y
comprendía la trascendencia del aborto; poner fin a la vida del feto y con sufrimiento ya que, por
su edad, era imposible una cesárea porque corría peligro su vida", advirtió. l (Télam)