La Justicia de Mendoza negó ayer la autorización de abortar solicitada hace tres semanas por la madre de una niña de 12 años, que quedó embarazada durante una violación cometida por su padrastro, y dispuso una serie de medidas de protección y contención para la nena.
El titular del Juzgado de Familia, Germán Ferrer, fundamentó ayer su resolución, mientras la niña permanece en buen estado de salud internada en el Hospital Humberto Notti.
"No se autorizó la interrupción del embarazo, se ordenó la externación de la niña y se dio su guarda a una abuela", dijo el juez.
La madre de la niña había denunciado a mediados de agosto ante la Unidad Fiscal de Maipú que su hija había sido violada y embarazada por un desconocido encapuchado cuando volvía de la escuela.
Según la mujer, ese hecho ocurrió a fines de julio y ella detectó la situación al comprobar un atraso menstrual de la niña, tras lo cual un médico constató el embarazo.
Luego la mamá junto con la abogada Mónica Runno solicitó autorización para que le practicaran a su hija un aborto terapéutico basado en al artículo 86 del Código Penal, "por daño de la salud psíquica y física".
A principios de septiembre el fiscal de Instrucción Santiago Garay solicitó a la Justicia un estudio de ADN al concubino de la madre, padrastro de la niña embarazada. Cuando el hombre era trasladado de regreso a su casa en un patrullero confesó haber violado a su hijastra y quedó detenido.
Ferrer entendió que "el inciso 2 del artículo 86 luego de la última reforma solamente prevé la posibilidad de no punir el aborto practicado por un médico diplomado cuando es el resultado de la violación a una mujer idiota o demente, y esta joven ni era idiota ni era demente".
Ferrer sostuvo que "prima facie la niña no estaba cubierta por la hipótesis legal y por lo tanto ningún médico podría haber realizado el aborto sin autorización judicial a riesgo de haber sido luego condenado penalmente y que, por consiguiente, resultaba razonable, en este caso, acudir a la Justicia".
Quiere tener a su hijo. El magistrado indicó que a través del trabajo de los peritos se llegó a la conclusión que "el deseo de la niña, un deseo sostenido, era de que el feto no sufriera ningún daño y que por lo tanto deseaba seguir cursando el embarazo".
Además, dijo que según los peritos "la interrupción del embarazo podría producir en esta niña un trastorno de su personalidad que la podía sumir en patologías psiquiátricas irreversibles como la psicosis".
Según el magistrado, la decisión de internar a la chica se fundamentó en tres motivos: que tuviera acceso a estudios en un nosocomio de alta complejidad; la sospecha de que el padrastro fuera el violador, y la finalidad de aislar a la víctima del abusador. "Además se trata de un grupo familiar carenciado, vulnerable, que no puede hacer frente a las presiones de los grupos pro y antiabortistas y de la prensa", subrayó.
"Las pericias fueron determinantes para señalar que ella entendía y comprendía la trascendencia del aborto; poner fin a la vida del feto y con sufrimiento ya que, por su edad, era imposible una cesárea porque corría peligro su vida", advirtió. l (Télam)
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