La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada ley de tierras rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.
La causa se había originado por una presentación del Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Los magistrados consideraron que la entidad no tiene legitimación para cuestionar la medida del gobierno
Foto: Archivo / La Capital
La Corte Suprema de Justicia de Nación falló a favor del proyecto original de la ley de tierras.
La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada ley de tierras rurales, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.
El máximo tribunal sostuvo que, “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.
La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa.
“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.
La Corte aclaró, sin embargo, que la decisión se limita al rechazo de la demanda por falta de legitimación de la actora y por ausencia del requisito constitucional de caso o controversia.
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La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objetivo de obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU.
La Corte Suprema rechazó que una asociación pueda accionar en defensa de la soberanía territorial como si fuera un derecho de incidencia colectiva amparado por el artículo 43 de la Constitución.
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Por Leandro Garbossa, para La Capital
