Un juez ordenó a dos médicos del hospital público de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera abstenerse de ejercer cualquier conducta que pueda ser considerada como violencia obstétrica, tras la denuncia de una mujer que debía ser sometida a una cesárea, informaron ayer fuentes judiciales.
El juez de Violencia Familiar y de Género de Metán, Carmelo Paz, intimó a dos médicos a abstenerse de ejercer prácticas, conductas, acciones u omisiones sobre la mujer y el recién nacido, que de manera directa o indirecta afecten el cuerpo o el proceso reproductivo de las mujeres.
Asimismo, dispuso que se fijen reglas de capacitación sobre violencia obstétrica y parto humanizado para que el personal y los médicos del hospital adecuen su conducta para prevenir la comisión de nuevas infracciones que encuadren en la ley de violencia obstétrica.
Esto fue dispuesto en el marco de una causa iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Asistencia Integral a las Víctimas de Delitos, donde una mujer relató haber sufrido hechos de violencia obstétrica en el hospital Melchora F. de Cornejo, de la ciudad de Rosario de la Frontera, situada a 185 kilómetros al sur de la ciudad de Salta.
Además, el magistrado ordenó poner en conocimiento de lo dispuesto al Ministerio de Salud Pública de Salta, conforme lo previsto en el artículo 6 de la ley 25929.
En su relato, la mujer dijo que se presentó en el hospital tal como había acordado con su médico obstetra, y que le suspendieron la medicación para la presión, el agua y la comida.
Luego, explicó que al día siguiente la pasaron al quirófano y, cuando el anestesista le iba a colocar la peridural, hicieron llamar al médico, quien vía telefónica manifiesta que no podía asistir. Por ello la llevaron nuevamente a una habitación, donde nadie la controló.
La mujer indicó que, como se sentía mal, se tuvo que medicar sola, tras lo que se presentó una enfermera que le comunicó que el médico le había dado el alta.
Esto la puso muy nerviosa y pidió hablar con el profesional, pero éste se negó.
Ante la negativa del obstetra, la víctima amenazó con denunciar el maltrato del que era objeto, y esto hizo que el médico concurriera a la habitación y le comunicara que no podían hacerle la cesárea porque no tenían aguja para sutura.
La mujer solicitó entonces la derivación al hospital de Salta, pero se la negaron.
Seis días después, y por sus propios medios, ella se trasladó al Hospital Materno Público Materno Infantil (HPMI), de la capital salteña, donde finalmente logró dar a luz a su hija.
El juez dijo que, a los fines de la medida cautelar, surge claramente de los dichos de la damnificada la verosimilitud del hecho.
La ley 25929 establece que toda mujer en relación con el embarazo tiene derecho a ser tratada con respeto y a ser informada.
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