Organizaciones de defensa del medio ambiente expresaron hoy su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno nacional avance en una modificación de la ley de glaciares "para facilitar las inversiones mineras".
Organizaciones de defensa del medio ambiente expresaron hoy su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno nacional avance en una modificación de la ley de glaciares "para facilitar las inversiones mineras".
Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas se manifestó en "alerta" por las "versiones referidas a la futura modificación de la normativa vigente por parte del gobierno nacional para beneficiar a los emprendimientos mineros".
"En noviembre pasado, los ambientalistas denunciaron que existen 44 proyectos mineros que estarían sobre cuerpos de hielo protegidos por la ley, según consta en un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación", dijeron en un comunicado.
"Cuidar las ganancias de las mineras es deber de las empresas; salvaguardar la salud de la población, el agua potable, los glaciares y su ambiente, responsabilidad del gobierno. Parece que (el presidente Mauricio) Macri está confundido en su lista de prioridades", sostuvo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace. Las organizaciones advirtieron que "esta iniciativa se ejecutaría en el medio de la causa llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello por incumplimiento de esta ley, vinculado a los cinco derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Lama, ocurridos entre 2015 y 2017".
"Esta reforma es inadmisible desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero también desde lo que sostiene el derecho internacional. Es decir, no se puede retrotraer la protección ambiental para beneficiar o compensar las demanda del sector de inversiones", señalaron las organizaciones ambientalistas.
En ese sentido, Andrés Napoli, director de Farn, manifestó que "si Argentina cede ante esta situación se coloca como uno de los pocos países del mundo que baja sus estándares ambientales para admitir inversiones. Es un mensaje muy negativo y contradictorio, sobre todo cuando todavía no se pone en vigencia la propia ley que exige un inventario de glaciares completo".