La Inspección General de Justicia consideró "ilícita" la actividad de Re/Max y ordenó su disolución

La Inspección General de Justicia (IGJ) definió que la red de franquicias inmobiliarias Re/Max es ilícita y ordenó la inmediata disolución y liquidación de la empresa establecida en la Argentina. En respuesta, la empresa salió a rechazar la denuncia por considerarla "infundada" y remarcó que continuará trabajando.

A través de una resolución que firmó su titular, Ricardo Nissen, el organismo que regula la actividad de las sociedades comerciales en el país, decidió que es "ilícito" que las inmobiliarias operen bajo régimen de franquicias. De esta manera hizo lugar a una denuncia que el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cuciba) y su presidente, Armando Pepe, habían iniciado contra Remax Argentina SRL, la empresa que tiene el uso de la marca estadounidense Re/Max en el mercado local.

Según resolvió Nissen, Remax Argentina no podrá continuar operando en el país y, en consecuencia, deberá iniciar su proceso judicial de disolución y liquidación.

En la resolución, entre otros argumentos, la IGJ alegó que Remax se constituyó por parte de Sebastián Sosa y su esposa, Dorothy Peñate, para tener la franquicia principal de Re/Max International y, a partir de allí, subfranquiciarla a agentes y corredores inmobiliarios.

En consecuencia, la IGJ entendió que la entidad estadounidense "ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina SRL, participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los números subfranquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar, contributivo del uso de la marca Remax".

"La exteriorización de la marca Remax por parte de esas subfranquiciadas genera en favor de estas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que -a su vez- favorece a la franquiciante permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma en forma directa".

Además, destacó que Sosa y su mujer no son agentes inmobiliarios, ni el objeto de Remax Argentina SRL puede ejercer esa actividad.

"La ley 20.266, reformada por la ley 25.028, establece para el ejercicio de las actividades de remate o corretaje en la República Argentina, entre otras exigencias, como condición habilitante de la inscripción en una matrícula cuenten con un título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las reglamentaciones vigentes", amplió.

“Siempre sostuvimos, amparados en el ordenamiento legal de nuestro país, que existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario, y que estas últimas no pueden ser franquiciadas”, expresó Pepe sobre la resolución.

La red local de Re/Max tiene más de 150 oficinas en 42 ciudades del país, consigna la resolución de la IGJ.

La empresa Remax Argentina respondió

Después de conocerse la resolución en su contra, Remax Argentina emitió un comunicado donde expresó lo siguiente:

"Rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia de Cucicba frente a la IGJ. La misma es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max. Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario", aseguró.

"Esta acción promovida por el Colegio de Corredores de la Ciudad es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados", agregó.

"Este accionar evidencia la clara intencionalidad de los colegios, que sin importar el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, buscan afectar la fuente de ingresos de más de 5.000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias presente en todo el país", concluyó.