El gobierno de Chile endurece la ley por el conflicto mapuche

mapuches. Los pueblos originarios reclaman tierras en la Araucanía.

El gobierno de Chile anunció que está elaborando sendos proyectos de ley, que "muy pronto" enviará al Congreso, destinados a endurecer la legislación antiterrorista y sobre prisión preventiva, tras la reciente absolución de 11 mapuches imputados por "el más grave" de los atentados cometidos en los últimos años por esa comunidad.

"Hemos ya iniciado la elaboración de los proyectos de ley para cambiar las dos medidas", la ley antiterrorista y los artículos del Código Procesal Penal que regulan la prisión preventiva, afirmó el ministro del Interior, Mario Fernández, en una entrevista publicada ayer por el diario santiaguino La Tercera.

El funcionario detalló que la iniciativa procura que "las conductas punibles que están establecidas en la ley antiterrorista se trasladen al Código Penal" y aplicar correcciones a la normativa sobre la prisión preventiva, que "está defectuosamente establecida, especialmente en su dimensión temporal".

La iniciativa "debe convertirse en un asunto consensuado en el parlamento", por lo que "he tenido ya algunas conversaciones con miembros del Congreso de la oposición para, en un momento determinado, cuando tengamos la propuesta más clara, ir a buscar un consenso, porque a todos nos compete", indicó.

Consultado sobre cuándo el Ejecutivo enviará los proyectos al parlamento, respondió: "En cuanto los tengamos. Lo intentaremos muy pronto porque es un asunto bien serio."

Aunque no desvinculó la iniciativa del fallo judicial que el miércoles pasado absolvió y ordenó liberar inmediatamente -por considerar que la Fiscalía presentó pruebas insuficientes- a los 11 comuneros mapuches imputados por el asesinato de un matrimonio de agricultores durante el incendio intencional de su casa, ocurrido en enero de 2013, Fernández respaldó la sentencia.

"Nada tiene que ver la gravedad del hecho con que se absuelva a personas que, según los jueces han señalado, sus acusaciones no estaban respaldadas lo suficientemente; así es el estado de derecho; me sorprende que las mismas personas que reclaman porque no hay estado de derecho se sorprendan también cuando el estado de derecho dicta determinadas resoluciones", justificó. No obstante, el ministro subrayó que el caso juzgado "es el más grave que ha ocurrido de violencia en La Araucanía", la región del sur de Chile donde desde hace décadas se registran asesinatos de comuneros, policías y agricultores, y atentados contra propiedades, en el contexto del reclamo de tierras "ancestrales" por parte de comunidades mapuches.