Dos comisiones de Diputados tratarán la ley de identidad de género

Las comisiones de Legislación General y de Justicia de la Cámara de Diputados debatirán el próximo martes, en una reunión conjunta, el proyecto de ley de género, que autoriza el cambio de nombre y la adecuación de sexo para quienes lo decidan, sin la necesidad de someterse a una intervención quirúrgica, como establece la norma actual.

Si se logra emitir un despacho, la iniciativa quedaría en condiciones de obtener media sanción de la Cámara antes de que finalice el período de sesiones ordinarias el 30 de noviembre.

La convocatoria fue realizada por la presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), con el fin de poner a la firma un despacho único sobre la base de tres proyectos presentados y que se discutieron el 18 de agosto pasado.

Ibarra, que finaliza su mandato el 9 de diciembre, tiene experiencia en el manejo de asuntos de alta sensibilidad social, porque en 2010 condujo el debate en Diputados que terminó con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. El plenario tiene en consideración cuatro proyectos referidos a la identidad de género, su respeto y reconocimiento.

Una de las propuestas pertenece a la kirchnerista Diana Conti y también lleva las firmas de Ibarra, Laura Alonso (PRO); Victoria Donda (FAP); Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro); Marcela Rodríguez (ex CC); Remo Carlotto (FPV); Cecilia, Merchán (Libres del Sur); Juliana Di Tullio (FPV), Margarita Stolbizer (FAP), Fernanda Gil Lozano (CC) y María Luisa Storani (UCR).

Otro proyecto tiene como autora a Juliana Di Tullio (FPV) acompañada por diputados de distintos bloques, y el tercero fue presentado por la radical Silvana Giúdici con las firmas también de compañeros del bloque de la UCR.

Por su parte, hay un cuarto proyecto que pertenece a Miguel Angel Barrios (Socialista) y fue firmado también por otros miembros del bloque. El texto propone la creación de una oficina de género en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.

La iniciativa está en el temario de la reunión conjunta de las comisiones pero también tiene giro a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que deberá expedirse en tercer término para que pueda llegar al recinto.

El alto nivel de consenso expresado en la reunión que en agosto celebraron las comisiones de Legislación General y de Justicia, que preside Juan Tunessi (UCR), demostró que el proyecto podía ser aprobado en la Cámara baja antes que termine el año.

En esa oportunidad, el interventor del Instituto contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), Pedro Mouratian, sostuvo que el organismo “tiene la obligación de trabajar por la desestigmatización” de un grupo y defenderlo ante “la hipocresía de la sociedad que acorrala a un sector de la sociedad”, en relación a los transexuales.

Las iniciativas presentadas originalmente difieren en la edad mínima para realizar el cambio de identidad (16 o 18 años), como también si la ley debe prever que el Estado asuma la adecuación de sexo quirúrgica y si para acceder a un nuevo nombre sólo basta el pedido de la persona.

Conti, cuyo proyecto fue elaborado junto con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), marcó la necesidad de que el servicio de salud cubra el cambio de sexo para que no haya discriminación, y estimó que “es innecesario” que se exija una “prueba fehaciente” para el cambio de identidad.

Con motivo de la Marcha del Orgullo Gay, realizada ayer en la Plaza de Mayo, miles de personas clamaron la sanción de normas que defiendan los derechos de identidad para transexuales e intersexuales.
El 18 de octubre pasado, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó en forma unánime una resolución que reconoce administrativamente el nombre y género elegido por las personas trans que estudian en el establecimiento educativo.

El proyecto avalado reconoce administrativamente el nombre y género autopercibido por las personas trans, y también compromete a todas las Facultades y Escuelas de la UNC a apuntalar la inclusión del colectivo en la educación pública.