En los últimos días, una amplia coalición de organizaciones ambientales, científicas y de la salud norteamericanas, -tales como la Asociación Estadounidense de Salud Pública, el Clean Air Council y el Centro de Acción Comunitaria y Justicia Ambiental, entre otras-, presentaron una denuncia formal contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y su administrador Lee Zeldin, por su decisión de dejar sin efecto el dictamen de “peligrosidad” que reconocía a las emisiones de gases de efecto invernadero como una amenaza directa para la salud pública. Ese dictamen, impulsado durante la administración de Barack Obama, había sido un hito: por primera vez el Estado asumía que las emisiones contaminantes no son sólo un problema ambiental abstracto, sino un factor concreto de enfermedad, muerte prematura y deterioro de la calidad de vida. Esta norma constituía la base de acción sobre la que se fundamentaban las regulaciones de las emisiones para frenar el cambio climático.
Las entidades de salud advierten que revertir ese reconocimiento equivale a negar evidencia acumulada durante décadas. Aumento de enfermedades respiratorias por contaminación del aire, expansión de vectores de enfermedades infecciosas y mayor exposición a eventos extremos son consecuencias ya medibles del calentamiento global. Quitar el marco legal que habilita al Estado a regular emisiones no es una decisión neutra: implica aceptar más contaminación y, con ella, más internaciones, más muertes evitables y mayores consecuencias para los sistemas de salud.
Este retroceso es extrapolable a lo que está sucediendo en la Argentina con la intención del gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares, permitiendo actividades mineras en los ambientes periglaciares. Estas decisiones responden a una lógica donde los intereses económicos de sectores polucionantes pesan más que el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano. En nombre de la “desregulación” y la “competitividad”, se desarma un andamiaje que busca proteger a los habitantes. La salud pública queda así subordinada a la rentabilidad de corto plazo.
En este contexto, el análisis de Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina, resulta clave para entender el problema. “La minería no debe afectar la gestión efectiva ni la conservación de áreas protegidas y conservadas, ni las reservas de agua, ni los glaciares o el ambiente periglaciar, ni socavar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales, incluidos sus territorios tradicionales. Cuando se prevea que las operaciones mineras generarán impactos sociales y ambientales negativos significativos e irreversibles, estas no deberían ser autorizadas” sostuvo en una nota reciente. Bajo esta perspectiva, una minería responsable es posible, y requiere de una correcta regulación del Estado Nacional y los gobiernos provinciales.
Tanto la anulación del dictamen de peligrosidad en norteamérica, como la intención de desregular la industria minera en la Argentina construyen un mensaje peligroso: la evidencia científica puede ser ignorada si incomoda a determinados intereses. Lo que ocurre en una de las principales potencias del mundo tiene efectos globales, tanto por el impacto real de sus emisiones como por la señal política que envía. Naturalizar el retroceso ambiental legitima que otros gobiernos sigan el mismo camino. Frente a esto, la denuncia de las organizaciones de salud y ambientales no es un gesto simbólico: es un llamado de atención urgente al resto de los países. Defender el ambiente es, en definitiva, defender la salud. Y cuando la política elige mirar para otro lado, quienes pagan el precio son las personas, no las corporaciones.
En este contexto marcado por retrocesos, ambigüedades y el resurgimiento de discursos negacionistas, la FNGA asume la responsabilidad de impulsar la próxima Semana del Clima de Rosario. Se trata de abrir un espacio desde el Sur Global, capaz de articular voces y construir una agenda común frente a quienes pretenden relativizar la urgencia climática. Rosario puede y debe ser escenario de una respuesta colectiva que demuestre que se pueden compatibilizar el crecimiento económico con el desarrollo sostenible y la producción responsable. Desde esta convicción convocamos a organizaciones, empresas, productores, académicos y ciudadanos a asumir un rol activo en la construcción de una alternativa viable para el futuro que nos posicione como región.
