Santiago. — La huelga de hambre de una militante mapuche, que ayer debió ser internada en
terapia intensiva luego de 93 días de mantener esa medida extrema, junto a hechos de violencia que
incluyeron la muerte de un joven mapuche a manos de la policía, han llevado a este conflicto a
primer plano en Chile.
Es otro problema difícil de enfrentar que toca a la atribulada
presidenta Michelle Bachelet, ya acosada por la crisis política de su coalición y el descrédito que
le causó el nuevo sistema de transporte de Santiago. Bachelet designó a un equipo de tres ministros
encabezados por su jefe del gabinete para resolver el problema mapuche, derivado de la creciente
agitación de los indígenas, descontentos con su situación de marginalidad y pobreza.
A buscar soluciones. El equipo, dirigido por el flamante ministro del Interior, Edmundo
Pérez Yoma, deberá estudiar la situación y proponer soluciones, luego que en las últimas semanas se
acentuara la agitación de grupos radicales mapuches, que han realizado ataques a agricultores del
sur del país, donde reclaman derechos sobre esas tierras.
Los indígenas han quemado vehículos, amenazado a personas y en uno de
sus últimos enfrentamientos con la policía, al ocupar e incendiar un establecimiento agrícola, un
joven universitario mapuche resultó muerto a tiros. Un policía está detenido, acusado de disparar
contra el joven, cuyo funeral dio origen a nuevas protestas y detenciones.
A ellos se sumó la huelga de hambre de 93 días de Patricia Troncoso,
quien ayer debió ser internada en cuidados intensivos. Demanda la revisión de un juicio que la
condenó a ella y a otros cuatro mapuches a 10 años de cárcel por incendiar una hacienda maderera.La
comunidad mapuche la considera una “presa política”. El gobierno sostiene que fue
condenada por la Justicia, cuyas sentencias debe respetar.
200 millones. Desde hace más de una década los gobiernos chilenos de la Concertación
han gastado unos 200 millones de dólares para adquirir tierras que han entregado a las comunidades
mapuches de la denominada Araucania, unos 700 kilómetros al sur de Santiago, donde se concentran
muchos de los alrededor de 900 mil indígenas de esa etnia. Pero la situación de pobreza de los
mapuches persiste.
Bachelet reestructuró el 8 de enero su gabinete, con la pretensión de
acelerar el ritmo de su gobierno en lo que ella califica como “el segundo tiempo” de su
gestión, los dos últimos años en el poder. “Los diálogos se materializarán en soluciones y
beneficios concretos para la gente y eso es lo que marca la segunda etapa”, expresó la
presidenta, que trata de superar la floja imagen de su primer bienio.
El 76% quiere ver medidas más severas
Un sondeo realizado por el diario chileno La Tercera indicó que el 76% de los
ciudadanos desea ver medidas más severas contra la protesta mapuche y no está de acuerdo con el
modo en que el gobierno Bachelet maneja la situación.
"Tres de cada cuatro chilenos considera que los actos de
violencia en el conflicto mapuche deben ser enfrentados con medidas más drásticas del gobierno
contra los activistas" dice el informe de La Tercera. El sondeo, a cargo del Centro de Encuestas
del diario, fue realizado la semana pasada y alcanzó a 405 personas en 49 ciudades de todo
Chile.
El pedido de medidas más duras ante la protesta mapuche "tiene
alto respaldo en todos los grupos socioeconómicos y de edad y sólo presenta una adhesión levemente
más baja, de 68%, en el caso de los consultados que se consideran de izquierda", detalla el
informe.
El momento de máxima tensión del conflicto resultó en la muerte
de un joven mapuche el 3 de enero pasado, a manos de la policía. "La madrugada de ese día
encapuchados ingresaron al fundo (establecimiento agropecuario) Santa Margarita, en Vilcún, e
incendiaron fardos de pasto. Al ser sorprendidos por la policía se inició un tiroteo que terminó
con la muerte del universitario. El fundo es propiedad de Jorge Luchsinger, quien ha sufrido cerca
de 22 ataques incendiarios", detalló La Tercera.
El diario chileno agrega que se investiga asimismo "el vínculo
de la causa mapuche en el atentado que sufrió el lunes pasado el ejecutivo de la hidroeléctrica
Trayenko Mario Marchese, quien fue atacado a tiros por un sujeto que dejó en el lugar panfletos con
la leyenda CAM (Coordinadora Arauco Malleco)", organización mapuche. Miembros de esa organización
negaron cualquier vínculo con el episodio.
Ataques reiterados.
Los encuestados consideran que "si bien es el gobierno el que
tiene las herramientas para resolver el tema, no ha manejado en forma correcta la situación: el 46%
considera que lo ha enfrentado mal y el 42%, que sólo lo ha hecho en forma regular".
Por otro lado, el informe de La Tercera señala que "más de la
mitad considera que sus reclamos son razonables y el 85% dice que este es un grupo discriminado por
el resto de los chilenos". Sobre las causas de los problemas de esta etnia, el 47% considera que
mucha de la responsabilidad recae en el gobierno, mientras que el 34% culpa a las empresas
forestales.
La Tercera recuerda otros incidentes en el sur de Chile, "entre ellos ataques a
camiones en la ruta 5 y quema de pastizales", así como "diversos atentados incendiarios, siendo el
más grave a un campamento forestal, donde participaron sujetos encapuchados, usando ropas de
camuflaje y tácticas paramilitares".