El presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, ilegalizó dos partido políticos opositores y ocupó un medio de comunicación independiente. Las medidas represivas de Ortega tienen como objetivo final su reelección, que será la tercera consecutiva desde que llegó a presidente en 2007, en las elecciones del próximo 7 de noviembre. Antes ejerció la presidencia entre 1985 y 1990. La represión sistemática del gobierno sandinista comenzó en abril de 2018, cuando estallaron protestas masivas contra un ajuste de los ingresos de los jubilados y pensionados. Ortega debió retirar la medida, pero como las protestas continuaron su gobierno acentuó la represión y terminó por recortar las libertades de manera drástica, con miles de detenidos políticos y al menos 325 muertos en las protestas de ese año. Este escenario represivo se mantiene aún hoy y se acentúa sistemáticamente.
Tras la ilegalización esta semana, en apenas 24 horas, de dos formaciones de la oposición –el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el histórico Partido Conservador (PC)–, el Ministerio de Gobernación citó este jueves a la precandidata independiente a la presidencia, Cristiana Chamorro (hija de la expresidenta Violeta Chamorro), a comparecer por la apertura de una investigación por un presunto «lavado de dinero» a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH). Tras comparecer, la precandidata denunció que "Ortega ha ordenado fabricar 'pruebas' en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre Violeta Barrios de Chamorro».
Casi simultáneamente agentes de la policía entraban en la sede de la fundación, que se encuentra cerrada desde el pasado mes de febrero. La ONG, creada por la expresidenta Chamorro en 1997 con el fin de promover la libertad de prensa en Nicaragua, cesó su actividad tras la aprobación, el pasado mes de octubre, por el Gobierno de Ortega, de la Ley de Agentes Extranjeros que impide la financiación y las donaciones internacionales a la sociedad civil, ONGs defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores. "La Fundación Violeta Chamorro fue cerrada el 5 de febrero porque nos negamos a aceptar la ley de agentes extranjeros. Jamás nos someteremos a los caprichos de la dictadura", recordó Cristiana Chamorro.
Nuevo allanamiento de 'El Confidencial'
Tres años después del inicio de las protestas en Nicaragua, que dejaron un balance de 325 muertos, este 2021 se había convertido en un año clave para intentar desalojar a Ortega del poder. De ahí que a medida que se acercan las elecciones, aumente la presión del régimen contra los posibles rivales. También contra los medios de comunicación, como el 'Confidencial’, que este jueves fue allanado por la policía. Las instalaciones de este medio ya fueron confiscadas en 2018 y su director, Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse durante varios meses en Costa Rica. En 2019, el también hijo de la expresidenta Chamorro, regresó para seguir con su labor informativa. A pesar del acoso policial, el periodista asegura en su cuenta de Twitter su intención de seguir en la lucha: "No nos callarán. Seguiremos haciendo periodismo".
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El miércoles, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, cuyos miembros –elegidos hace dos semanas– son afines al Gobierno de Ortega, canceló la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), que forma parte de la Coalición Nacional –una de las dos plataformas opositoras que se presentan a las elecciones–. Horas después le tocó el turno al Partido Conservador (PC), al que también se ha despojado de su personalidad jurídica. Una semana antes el presidente de esta formación, Alfredo César, había anunciado la intención de no concurrir a los comicios alegando la falta de transparencia de las próximas elecciones. "El partido conservador no se prestará a legitimar un fraude que se encamina para este 7 de noviembre", declaró César el pasado 12 de mayo.
Para el periodista y politólogo nicaragüense, Edgardo Pinell, el CSE usa un doble rasero a la hora de ilegalizar a ambos partidos. "Por una parte, demostrar que no va a dar ningún tipo de prebenda a cambio de colaboracionismo, en el caso del PC"; y en el del PRD, para "eliminar del espacio político a los opositores más recalcitrantes del régimen de Ortega. Este partido representaba a la oposición más contestataria, donde estaba la disidencia tradicional. No es necesariamente la oposición más peligrosa, pero sí con la que el Frente Sandinista tiene una lucha visceral". El candidato inscripto por el PRD para la presidencia era el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por el gobierno de Ortega, y que fue encarcelado durante las protestas de 2018.
