La fiscalía ecuatoriana citó ayer a rendir declaración al ex presidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glas y a otros altos funcionarios de ese gobierno en un caso que investiga presuntos aportes económicos para campañas políticas del partido de gobierno Alianza País.
Ese organismo fijó para el 20 de mayo la comparecencia del ex mandatario, que vive en Bélgica hace dos años. A Glas se tiene previsto tomarle declaración en la cárcel donde se encuentra cumpliendo pena por otro caso de corrupción.
También están citados otros cinco ex funcionarios del gobierno de Correa (2007-2017) y/o altos dirigentes de Alianza País para esclarecer el origen de 11.6 millones de dólares en supuestos aportes económicos voluntarios de empresas como la brasileña Odebrecht y la china Sinohydro, que habrían sido entregados entre 2013 y 2014.
Las pesquisas de la fiscalía empezaron tras una denuncia difundida en un portal digital denominado Mil Hojas, donde se publicaron documentos que al parecer evidencia la entrega del dinero de una docena de empresas que posteriormente habrían obtenido contratos millonarios con el Estado.
En su cuenta de Twitter, el ex presidente dijo acerca del caso: "Esto no es verdad (no hay ninguna "investigación" contra mí), pero ya que recogen tanta basura, les acepto desafío: que ustedes, sus colegas de la prensa corrupta, Gobierno y Fiscalía ecuatorianos, demuestren que mi campaña 2013 fue financiaba por Odebrecht. Estaremos esperando".
La investigación fiscal busca determinar el cometimiento de delitos como lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias y delincuencia organizada derivados de una estructura integrada por funcionarios públicos y empresas privadas.
Las primeras detenidas por este caso fueron la ex asesora de Correa, Pamela M. y su asistente Laura T., quienes intercambiaron archivos e información bajo el nombre de Arroz Verde 502, donde constaba el detalle de las operaciones y aportes de esas empresas.
Odebrecht reconoció que ha entregado sobornos por unos 800 millones de dólares en diversos países de Latinoamérica a cambio de la concesión de grandes obras de infraestructura, lo que posteriormente ocasionó que la justicia procese a varios ex presidentes, ministros y otros altos funcionarios públicos de los últimos años de distintos países.
Por Matías Petisce
Por Pablo Mihal