El caso de las obras sospechadas sacude a la política en San Lorenzo

La investigación sobre el patrimonio de un hombre que llegó a comprar 36 propiedades en un año genera por estas horas un cimbronazo institucional en San Lorenzo. Es que, mucho antes de que la Subsecretaría de Delitos Complejos de la provincia pusiera la lupa sobre la familia Zacarías y la adquisición de al menos 40 inmuebles y 24 vehículos, el Concejo Municipal de esa ciudad ya se había hecho eco, en 2011, de las sospechas que pesaban sobre algunas operaciones inmobiliarias de ese grupo.

   Así quedó plasmado en una histórica sesión del 21 de febrero de ese año, cuando por cuatro votos contra tres, el oficialismo logró que se aprobara un pedido de excepción para construir un inmueble de un valor varias veces millonario, curiosamente de manos de una empresaria de 21 años cuyas actividades económicas eran desconocidas.

   Ahora que hay una sospecha cierta de presunta vinculación entre estas operaciones y el negocio de la venta de drogas, quienes se opusieron a aquella excepción piensan más que nunca que estaban en lo cierto.

Fortuna sospechada. Tal como lo publicó La Capital en su edición del domingo pasado, una investigación realizada por el Ministerio de Seguridad a partir de una denuncia particular, reveló una fortuna patrimonial formidable de origen sospechoso.
  El hombre apuntado es Delfín David Zacarías, de 48 años, con una condena cumplida por narcotráfico, cuya familia compró en pocos años 40 inmuebles, entre terrenos y viviendas, 36 de los cuales fueron adquiridos entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2009.

   Entre esas propiedades sobresale una ubicada en Congreso y Vélez Sarsfield. Se trata de un edificio destinado a gimnasio que posee otras dependencias y que figura a nombre de Flavia Zacarías, de 24 años. La joven está inscripta desde 2009 en la Afip en la actividad de la construcción.

   Precisamente ese inmueble, uno de los tantos que tienen como propietaria a la hija del ex convicto, fue motivo de fuertes discusiones y hasta rupturas irreconciliables en el Concejo sanlorencino.

Pedido de excepción. Corría 2010. El Concejo, compuesto por ocho integrantes, tenía entonces seis del oficialismo y dos opositores. A mediados de ese año, algunos concejales tomaron conocimiento de la construcción irregular del edificio en Congreso y Vélez Sarsfield, que no tenía permiso de edificación y se levantaba en una zona donde no estaban permitidas estructuras de esas características.

   El cuerpo elaboró un pedido de informes al Ejecutivo para que diera explicaciones al respecto. “La respuesta fue que no sabían nada porque no había permiso de edificación”, recuerda hoy Marcela Lozano, ex concejal de la ciudad hasta 2011.

   La normativa local no habilitaba semejante construcción en esa zona, y el edificio no exhibía el cartel correspondiente con las especificaciones de las obras, por lo que no se sabía a ciencia cierta qué era lo que se estaba construyendo.

   Pero pocos días después ingresó al Concejo una solicitud de excepción de la ordenanza para construir el edificio, presentada por la profesional a cargo de la obra. El pedido implicaba un incremento en el factor de ocupación del 138 por ciento; es decir, de 2.500 metros cuadrados cubiertos permitidos a 6.000. Tal pretensión resultaba, para el concejal Rubén Bassani, "de ninguna manera razonable", sobre todo porque el mismo cuerpo tenía antecedentes de rechazar excepciones de incrementos del diez por ciento en el factor ocupacional.

"Cuando entró esa solicitud, inmediatamente cuatro concejales del oficialismo se mostraron a favor de otorgarla. Los que estábamos en contra creíamos que era una irregularidad y que había que subsanarla", contó Lozano, convencida de que "no se puede legislar para obras particulares cambiando las reglas de juego; la ciudad tiene un reglamento y hay que respetarlo".

Promesas. El Concejo citó entonces a la profesional responsable, quien se presentó con el que, supuestamente, era el propietario inversor: Delfín Zacarías. "Expusieron que iban a hacer un gimnasio y un cine, que funcionaría allí una conocida cadena internacional de comida rápida, y prometieron obras complementarias para la ciudad", contó Lozano, y abundó: "Muchos concejales olimos que ahí había cosas turbias, porque si hubiese sido algo legal habrían formulado el pedido de edificación y construido como se debía".

A partir de ahí comenzó un duro debate con algunos condimentos particulares: "Los concejales que finalmente votaron la excepción salieron a hacer lobby entre los vecinos contándoles las bondades que traería la obra, ya que a que a cambio del edificio, los inversores iban a construir cordón cuneta, mejorar las calles y contribuir a embellecer una plaza del barrio. Todo fuera de la ley", opinó la ex concejal.

Tal "lobby" es negado por el oficialismo, cuya versión es que los mismos vecinos manifestaron estar a favor de la obra cuando fueron a consultarlos (ver nota complementaria en página 35).

La oposición pedía que se cobrara una multa y se paralizara la obra. La multa, de 150 mil pesos, fue abonada, aunque con una particularidad: según denuncias posteriores, se hizo efectiva en moneda de bajísima denominación.

Otra singularidad que llamó la atención a los ediles fue que, cuando se presentó el pedido de excepción, el propietario ya no era más Delfín Zacarías, sino una joven con su mismo apellido (su hija Flavia), que en ese momento tenía 21 años y cuya actividad empresarial era desconocida.

Cuatro contra tres. Las discusiones se sucedieron, tanto en las reuniones de comisión como en el mismo recinto, hasta que finalmente, el 21 de febrero de 2011 se aprobó la excepción en una sesión picante. Se hizo con los votos oficialistas de Eduardo Ros, Gustavo Oggero, Claudia Moyano y Marcelo Roggi, contra los de Marcela Lozano, Rubén Bassani y Ramón Diccilli. Ese día estaba ausente María Claudia Mariani. Resultado: cuatro contra tres.

Hay algo que es cierto. LaCapital tuvo acceso a la versión taquigráfica de la sesión y en ningún momento del debate surgió el interrogante sobre el origen de los fondos ni las sospechas sobre los inversores, lo cual lleva a presumir que en ese momento se estaba actuando de buena fe.

Eso no quita que, en los largos meses que duró la discusión, este aspecto del caso no haya surgido. Y así lo desliza Lozano: "Desde un principio vimos que las cosas no eran claras ni transparentes. Las características del edificio y la violación de las ordenanzas, las irregularidades administrativas, la edad de la inversora y el desconocimiento del origen de su capital, todo hacía pensar en un blanqueo. No sabíamos de qué características, pero olía a blanqueo claramente", contó, y ofreció un detalle: "En cada reunión de comisión y en cada sesión donde se trataba este tema venían dos personas del Ejecutivo a controlar qué se discutía".