Un Estado presente y eficiente para cuidar, educar y criar

En 40 años de democracia, con momentos de mayor crecimiento y otros de grandes crisis, nuestro país ha avanzado de forma contundente en reconocer y garantizar derechos a las niñas, niños y adolescentes.

Semanas atrás, junto a los defensores y defensoras de derechos de niñas, niños y adolescentes de las provincias de Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero, emitimos un comunicado dirigido a los candidatos presidenciales. En este destacábamos la necesidad de “avanzar en la identificación y resolución de los temas cruciales que vulneran los derechos de infancias y adolescencias, ratificados por nuestro país en la Convención sobre los Derechos del Niño y garantizados en nuestro cuerpo normativo, destacando la necesidad de bajar significativamente los niveles de pobreza y pobreza extrema, garantizar el acceso a la salud equitativa y oportuna, prevenir las violencias desplegadas sobre las y los más chicos, sostener la garantía del derecho a la educación para todas y todos, y avanzar en una justicia juvenil acorde a estándares de derechos, entre otros temas centrales”.

En ese mismo texto resaltamos que la mitad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país viven en hogares bajo la línea de pobreza. Advertimos que la agenda de la niñez y adolescencia no estaba debidamente presente en las plataformas electorales. Señalamos la necesidad de políticas públicas que mejoren los estándares alcanzados, rechazando cualquier decisión que pueda resultar regresiva en materia de derechos humanos de las y los más chicos. En este sentido, destacamos también algunos avances en los que hemos incidido desde las Defensorías y de los que no podemos ni debemos retroceder.

La ampliación de la cobertura del derecho a la seguridad social de las niñas, niños y adolescentes, que incluyó a más de un millón doscientos mil chicos y chicas, mediante la implementación del decreto 840/2020 que sumó a los hijos de monotributistas, y modificó los topes mínimos de los asalariados, la ampliación en la asignación universal por hijo (AUH), que las condicionalidades no operen como penalidades, sumando a niños y niñas migrantes, quitando el tope en cantidad de hijos, entre otras medidas. Todas estas medidas permitieron sostener y robustecer una arquitectura de la seguridad social que ha amortiguado el impacto de la crisis económica y que no deben restringirse en los próximos cuatro años.

El aumento de cobertura del programa Alimentar destinado a garantizar la seguridad alimentaria, que en 2021 incluyó a un millón setecientos mil niñas y niños, completó ingresos para acercarse a la cobertura de la canasta básica alimentaria de los hijos e hijas hasta los 6 años y se amplió a familia con hijos hasta 14 años, alcanzando aproximadamente 4 millones de niñas, niños y adolescentes.

A esta cobertura se suma para los nenes y nenas de 0 a 2 años la prestación prevista en el Programa 1000 Días que refuerza la suficiencia alimentaria en esos hogares, al mismo tiempo que evidencia la menor cobertura a las y los adolescentes, para quienes seguimos y seguiremos solicitando la cobertura de las familias con jóvenes de 15 a 17 años, aun no contemplados en el programa.

Estas políticas en materia de ingresos tienen hoy un desafío principal que es lograr la suficiencia en relación a la cobertura de la canasta alimentaria y la canasta básica total sorteando la inflación, objetivo que seguiremos exigiendo junto con la distribución de la riqueza, garantía de la protección especial que le debemos a las y los ciudadanos de 0 a 17 años, que son nada más y nada menos que un tercio de nuestra población.

En materia educativa nuestro país tiene una importante e irrenunciable historia que garantiza el acceso a la educación. Hoy el 72% de las niñas, niños y adolescentes asisten a la escuela pública y gratuita. En la escuela primaria la matrícula escolar es universal, mientras que tanto en los primeros años de la educación inicial como en los últimos de la secundaria aún hay déficit que cubrir.

Para las y los más chicos son fundamentales políticas para educar, criar y cuidar. Se debe avanzar en la obligatoriedad de la sala de 3 años y consolidar políticas públicas adecuadas, como la que lleva adelante la construcción de Centros de Desarrollo Infantil a lo largo del país.

En la escuela secundaria se han mejorado las matrículas y tasas de egreso. Es imperioso reforzar iniciativas como las Becas Progresar que a partir de las propuestas de las Defensorías incluyen a las y los adolescentes de 16 y 17 años, y permitieron la continuidad educativa de 585 mil adolescentes. Hoy seguimos solicitando la necesidad de extender su cobertura a los 15 años de edad.

La educación tiene además un debate sobre la calidad y la pertinencia educativa, para que la escuela, de gestión pública y privada, garantice la permanencia y el vínculo con los chicos y chicas. Esto implica cumplir con los acuerdos logrados en el Consejo Federal de Educación como el calendario de 190 días de clase.

La salud es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, y el 45% de ellos y ellas acceden solamente al sistema de salud pública. Es necesario un Estado presente, que garantice el acceso de la niñez y adolescencia a los centros de salud, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

La salud es más que la falta de enfermedad. Una vida saludable es aquella en la cual las niñas y los niños tienen acceso a una vivienda adecuada, al esparcimiento, al juego, a las plazas, al club del barrio, a la educación sexual integral que permite el cuidado de sus cuerpos y la construcción de vínculos saludables con sus pares. También incluye ser atendidos y atendidas en sus padecimientos subjetivos, a través del crecimiento de las estrategias nacional y provinciales de salud mental y adicciones que deben profundizar sus políticas sobre la niñez y adolescencia.

Para lograr una vida plena para nuestras niñas, niños y adolescentes necesitamos que el mundo adulto los proteja. Desde las Defensorías seguiremos monitoreando las acciones de los tres poderes del Estado desde un rol propositivo, acercando las capacidades técnicas que en años de gestión hemos consolidado y exigiendo que efectivicen políticas especiales y específicas para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Lo haremos con la misma firmeza con la que no permitiremos que nuestra democracia retroceda.