Asunción. — Al menos siete policías y diez campesinos murieron y unas 80 personas resultaron heridas ayer en un violento enfrentamiento durante un desalojo de una propiedad rural en el noreste de Paraguay, en el peor incidente vinculado a la tenencia de tierras de las últimas dos décadas en el país , y que ya cobró la renuncia del ministro del Interior. El presidente Fernando Lugo ordenó la intervención de las fuerzas armadas para apoyar a la policía en la zona, mientras descartó la presencia del grupo de extrema izquierda Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el choque.
Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil y a 240 kilómetros de Asunción, donde 150 campesinos sin tierra mantenían ocupado desde hacía unos días un predio del ex senador del Partido Colorado y empresario Blas Riquelme.
Lugo suspendió ayer todas las actividades e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las fuerzas armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos. Por la noche, el presidente reunió al consejo de ministros donde anunció la destitución del titular del Interior, Carlos Filizzola, muy cuestionado por la oposición.
El propio Filizzola hizo el anuncio y precisó que no renunció, sino que puso el cargo a disposición "y el presidente lo aceptó". "No es una renuncia; el presidente tomó la decisión de aceptar el cambio en el ministerio, dijo el saliente ministro. Lugo también reemplazó al comandante de la Policía Nacional, Paulino Rojas.
Versión oficial. La versión del gobierno y de las fuerzas de seguridad es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa hipótesis y restaron responsabilidad a los labriegos. "Se actuó en base a una orden judicial para el desalojo, hubo disparos de parte de ellos, la policía también tuvo que responder a eso", había dicho Filizzola sobre el hecho. Fuentes policiales agregaron que el jefe y el subjefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) fallecieron en el ataque.
El comisario Walter Gómez, jefe de Investigación de Canindeyú, confirmó que el grupo que emboscó a policías en la hacienda portaba armas automáticas capaces de atravesar chalecos antibalas. "Se trata de personas altamente entrenadas que actuaron como un grupo comando", explicó el comisario. "Categóricamente, no es gente común la que estaba adentro. No son campesinos", dijo.
El dirigente campesino José Rodríguez afirmó a una radioemisora que los campesinos que murieron en la refriega eran parte de un grupo que integra la denominada Liga Nacional de Carperos, que resolvió resistirse al desalojo. "Los compañeros no tienen entrenamiento militar ni armas de guerra, sólo poseen rifles calibre 22 mm", dijo.
"Tenían todo listo". Pero la fiscal Ninfa Aguilar declaró que el grupo tenía entrenamiento militar, armas de guerra y bombas caseras. "Estaban vestidos con ropa militar prepararon trincheras, bombas, tenían todo listo para combatir. No son simplemente campesinos, estaban preparados para el enfrentamiento", dijo. Aguilar no descartó la presencia del EPP, un pequeño grupo radical responsable de secuestros y asesinatos durante la última década que opera en el norte paraguayo. El gobierno había asegurado horas antes que no tenía elementos para vincular al EPP con la balacera y que varios de los labriegos identificados en el desalojo habían ocupado las mismas tierras con anterioridad.
La hacienda de unas 2.000 hectáreas pertenece a un conocido empresario y político colorado que hace unos 20 días denunció el ingreso del grupo de unas 100 familias. Las organizaciones campesinas denuncian que son "tierras mal habidas" producto del reparto a aliados durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).
La desigualdad en la tenencia de la tierra en Paraguay sigue siendo una de las más altas del planeta.
