En el marco de una investigación por presunto lavado de activos, este miércoles se realizó un operativo en las oficinas de la inmobiliaria Grupo Roma, ubicadas en Carballo al 100, en Ciudad Ribera (Puerto Norte), además de otras oficinas vinculadas a la firma. La medida fue dispuesta bajo la figura de “presentación de pedido judicial”, un procedimiento similar a un allanamiento, aunque con menores exigencias formales, y tuvo como objetivo localizar documentación relacionada con operaciones de compra y venta de terrenos que habrían sido adquiridos por una organización narcocriminal en la zona de Rosario.
La pesquisa se desprende de una causa que tuvo avances en 2025, cuando se determinó que esa banda era responsable de la comercialización de 53 kilos de cocaína. En ese expediente fueron detenidas 13 personas, que quedaron involucradas en la maniobra investigada.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bajo directivas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De acuerdo con versiones periodísticas, los agentes buscaban documentación vinculada con la compra de propiedades y terrenos.
Según trascendió, el grupo narco habría operado anteriormente a través de otra firma del rubro inmobiliario, que más tarde fue absorbida por la empresa ahora intervenida. Una de las hipótesis que se sigue en la causa apunta a que parte de los movimientos de dinero investigados estaría conectada con un sindicato vinculado a la comercialización de granos.
Inicio de la causa
La causa se inició en diciembre de 2025 cuando se secuestraron 53 kilos de cocaína en una casa de Nuevo Alberdi, que habían ingresado a la provincia de Santa Fe desde Bolivia y tenían como destino final la venta al consumidor en puestos barriales de Rosario y la zona. Esa cadena de tráfico se reconstruyó a partir de una investigación federal que derivó en la imputación de los trece detenidos en el operativo.
Bajo distintos roles, diez hombres y tres mujeres fueron acusados de integrar una red regional de distribución y venta dirigida por un financista que realizaba o coordinaba frecuentes viajes en auto al país vecino para la adquisición y el pago de la droga.
Los fiscales de la Oficina de Narcocriminalidad, Franco Benetti y Santiago Cruz Alberdi, describieron como “una estructura mayorista, veloz y aceitada que ingresa, distribuye y vacía el stock rápidamente” y la caracterizaron como una banda satélite o célula de la banda los Monos. Al formalizar la investigación contra los trece detenidos en ese operativo que abarcó las ciudades de Rosario, Granadero Baigorria, Casilda, Villa Constitución, Alvear, Roldán y Casilda, los fiscales argumentaron esa característica de la banda.
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Un megaoperativo con 29 allanamientos
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó entonces 29 allanamientos en los que se incautaron, además de la droga, más de 51 millones de pesos y de 67 mil dólares, 13 armas de fuego, municiones y 17 vehículos. La mayor parte de la droga, un total de 52,88 kilos, estaba distribuida en 53 paquetes secuestrados en ese domicilio de Vieytes al 2700 de Rosario. El resto era unos 185 gramos que se hallaron fraccionados en envoltorios listos para la venta al menudeo en tres domicilios: Gascón al 2400, Fontana al 3100 y Rauch al 1500; y en un cuarto situado en bulevar Pescio al 4600, de Casilda.
De acuerdo con anotaciones de la administración interna del grupo detectadas en los allanamientos, desde el 29 de agosto de 2025 hasta noviembre el grupo habría recibió el equivalente a unos 750 kilos de cocaína de máxima pureza.
Los detenidos fueron imputados por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, a lo que seis de ellos sumaron la tenencia de armas de fuego. El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz había dispuesto la prisión preventiva del grupo hasta este 1º de abril, inhibió sus bienes hasta cubrir los 50 millones de pesos y embargó siete vehículos: un Renault Kwid, un Volkswagen Gol Trend, un Renault Kangoo, dos Renault Sandero, un Chevrolet Prisma y un Peugeot 508.
Once meses de investigación
En la primeras audiencias realizadas en los Tribunales Federales detallaron que la investigación preliminar demandó once meses de seguimientos, escuchas y tareas de campo. Primero se determinó que la persona que organizaba y dirigía los movimientos en inmuebles era José Fabián R. La observación en terreno, sumada a las intervenciones telefónicas, “permitieron identificar su rol y que contaba con una red de vendedores que dependían de él”.
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Luego se identificaron otros vehículos usados por otras personas en las tareas de provisión y distribución. Así, a medida que se abrió el abanico se comprobó que todos “eran parte de una misma organización”. En octubre pasado se verificaron impactos de los celulares de algunos implicados en antenas de Aguas Blancas, provincia de Santa, y viajes exprés desde Rosario a la localidad boliviana de Bermejo los días 6 y 16 de noviembre.
Los fiscales encuadraron las actividades bajo el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas. Cuatro de los implicados, Hugo Sebastián S., Marcos José M., Luca Carmelo L. y Juan José A., en la modalidad de comercio, como quienes viajaban al norte a recibir y pagar la mercadería. Otros ocho fueron imputados en la modalidad de almacenamiento y tenencia con fines de comercialización: José Fabián R. y Gastón Alejandro G. como coordinadores del destino de la carga y como vendedores o almacenadores Cintia Paola M., Lucas R., Nélida Beatriz L., Mariana Marcela E., Aarón Lucas R., y Walter Germán A. A la cabeza de todos ellos, a Ariel Fernando S. le asignaron el rol de organizador y financista.
En su domicilio no se halló material estupefaciente pero sí “importantes sumas de dinero en efectivo, armas y documentación; la droga estaba almacenada en las viviendas de los revendedores”. Al igual que otros cinco acusados sumó el delito de tenencia ilegítima de armas de uso civil halladas en sus domicilios.
