Dos mujeres fueron imputadas de usurpación junto con dos presos acusados de integrar la conocida “banda de Mauro Gerez”, gestada desde la cárcel para controlar la venta de droga en las calles de barrio Ludueña. Una es Gladys G., acusada de haber aprovechado su empleo en el Pami para ayudar a su hijo Oscar “Nenu” Ramírez a ocupar la casa de una vecina que había muerto al parecer sin herederos. La otra es Sandra W., pareja de uno de los acusados como cabecillas, Andy Fabián Benítez, a quien le atribuyen haber alquilado la propiedad.
Los cuatro fueron imputados como coautores de usurpación pero Gladys G. sumó además la acusación de haber falsificado un documento público para facilitar la ocupación. Las mujeres, que no fueron imputadas como miembros de la asociación ilícita investigada, quedaron en prisión preventiva domiciliaria.
Tal como publicara este diario la semana pasada, Gladys G. y Sandra W. fueron detenidas acusadas de haber participado de la usurpación de una casa de Urquiza al 6000. La ocupación comenzó a urdirse el 20 de junio de 2021 cuando Ramírez, que sabía que la dueña de la casa había muerto sin herederos a la vista, le pidió a su madre que le consiguiera información a la que podía acceder como empleada del Pami en la ciudad cordobesa de La Cumbre.
Entonces, según la acusación del fiscal Pablo Socca, la mujer recabó sin autorización información sobre la dueña de la casa, que murió el 23 de mayo de 2021 a los 73 años. Luego insertó declaraciones falsas en un formulario de “Nota de prestación social” al que finalmente le estampó una firma falsa de la señora.
A partir de esa maniobra el hijo de Gladys tuvo un documento público para justificar su presencia en la casa usurpada. Luego Nenu se la entregó a Benítez y éste, entonces preso en la cárcel de Piñero, instruyó a su pareja quien se encargó de alquilarla y administrarla.
El fiscal esgrimió las evidencias para fundar su imputación y refirió la asociación ilícita en la cual están imputados Benítez y Ramírez. Además mencionó comunicaciones entre Nenu y su madre, así como la documentación recabada en la pesquisa. Así, pidió prisión preventiva para ambas porque más allá de no tener antecedentes los hechos que se les endilgan “son gravísimos, ya que aprovecharon recursos del Estado con fines ilícitos”, lo que a su criterio redundará en penas de prisión efectiva.
No obstante, y en virtud de acuerdos con las defensas, propuso prisión domiciliaria para Gladys en la casa de un familiar en Rosario y una fianza de 350 mil pesos en siete cuotas. Lo mismo para Sandra, quien debe cuidar hijos menores de edad. Socca sostuvo que los riesgos procesales se evitarán con ambas cautelares.
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Por su parte, la defensa de Benítez cuestionó la imputación ya que “no hay ningún elemento que evidencie el acto de usurpar el inmueble” en cuestión por parte del acusado. Sin embargo la jueza Silvia Castelli aceptó tanto las imputaciones contra los cuatro como los pedidos de prisión domiciliaria para las mujeres.
