Oyarbide citó a indagatoria a otras 45 personas por el desvío de fondos

El juez Norberto Oyarbide dispuso ayer citar a indagatoria a unas 45 personas que habían sido imputadas por la Fiscalía en diciembre pasado en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de fondos que el Estado giró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales y cuyo principal imputado es Sergio Schoklender.

Paralelamente, el fiscal Jorge Di Lello le pidió a Oyarbide que disponga medidas de prueba para certificar si la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, y su hija, Alejandra Bonafini, viajaron al Caribe con fondos de la fundación del referida organismo de derechos humanos, como lo denunció el aún detenido Sergio Schoklender.

También pidió que se investiguen las denuncias de los hermanos Schoklender y el contador Alejandro Gotkin respecto a que con fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se financiaron campañas políticas del kirchnerismo.

Por su parte, los abogados de Pablo Schoklender también solicitaron la indagatoria de Hebe de Bonafini y sugirieron un cuestionario de una veintena de preguntas sobre episodios supuestamente ocurridos en la mencionada fundación en los últimos años.

Rápida reacción. Después de que el fiscal Di Lello, anteayer, lo instara a acelerar la causa, Oyarbide decidió indagar a unas 45 personas que habían sido imputadas por la Fiscalía en diciembre pasado.

Ayer Oyarbide fue primero reprendido por sus superiores de la Cámara Federal por no haber justificado la detención de Sergio Schoklender y dispusieron su excarcelación, que aún no se concretó porque el juez solicitó una fianza de 4 millones de pesos.

Después Di Lello lo instó a acelerar la causa frente a los manejos "particulares" de las actuaciones y solicitó que se llamara a declarar a todos los imputados por la Fiscalía.

Ocurre que el fiscal imputó a 67 pero el juez sólo había convocado a una treintena.

Además, ayer, en otro escrito, el fiscal le reclamó que se remita un "oficio urgente" a las autoridades de Migraciones para determinar las salidas al exterior y los destinos que visitó la titular de Madres de Plaza de Mayo y su hija Alejandra.

"Sus innumerables viajes al Caribe con su madre o sus parejas también fueron pagados con fondos de la fundación por orden de Bonafini", dijo Schoklender el lunes en indagatoria, donde denunció que Alejandra Bonafini compró con plata de las Madres un semipiso de 92 mil dólares y una casa de 348 mil dólares en La Plata.

La hija de Hebe ya está imputada en la causa que investiga si hubo una banda encabezada por Sergio Schoklender que se apoderó de fondos que el Estado había girado a la fundación para la construcción de viviendas sociales.

Los hermanos Schoklender y el contador Gotkin están acusados en esa causa de liderar una asociación ilícita que lavó dinero y defraudó al Estado. Los tres fueron excarcelados por la Cámara Federal, aunque siguen presos por las millonarias fianzas impuestas por Oyarbide.

La plata y la política. Los Schoklender y Gotkin describieron en sus indagatorias que con fondos de las Madres se solventaron gastos de la actividad política del vicepresidente Amado Boudou, especialmente los vinculados con sus aspiraciones a jefe de Gobierno porteño, que luego desembocaron en la Vicepresidencia.

Entre esos gastos figurarían la confección de afiches y la infraestructura de actos políticos, según la denuncia.

Además, Sergio Schoklender declaró que la decisión de comprar Meldorek fue tomada en una reunión en la que participaron Boudou; la ministra de Industria, Débora Giorgi; el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Bonafini y él.

Di Lello pidió que esa acusación de Schoklender le sea remitida al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo una suerte de desprendimiento de la causa principal, en la que está bajo investigación el rol que le cupo a los funcionarios públicos que debían asignar y controlar los fondos aportados para la construcción de viviendas sociales.

A todo esto, los abogados de Pablo Schoklender, Pablo Slonimsqui y Gonzalo Romero Victorica, pidieron la indagatoria de Hebe de Bonafini, quien no fue imputada en la causa.

Los defensores del menor de los Schoklender apuntaron contra Hebe por una serie de emprendimientos —no todos relacionados con la construcción de viviendas— sobre los que Bonafini habría tenido conocimiento.

Los abogados incluso acercaron un listado de preguntas para hacerle a Hebe en donde se concluye con una ironía diciendo que en el caso de que dijera que desconoce todos los puntos de las preguntas propuestas, el juez la interrogue sobre qué hizo en los últimos cinco años de su vida.