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Le entregó a Quirno un dossier que “refuta la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presentó al canciller de la Argentina, Pablo Quirno, un documento para sustentar ante la Unión Europea (UE) la revisión del estatus del biodiésel, una clasificación que actualmente limita la exportación hacia ese mercado desde el Mercosur.
Durante la reunión, realizada en la sede de la Cancillería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), también estuvieron presentes la secretaria de Comercio Exterior de la provincia, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz.
Tras el encuentro, Puccini detalló que el gobernador “entregó al canciller un dossier que reúne datos científicos, técnicos, económicos y productivos sobre lo que implica para Santa Fe la producción y exportación de biodiésel a la Unión Europea”. Y precisó que esos datos “refutan la posición de la UE de considerar a la soja un insumo de alto riesgo”, motivo por el cual se restringieron las importaciones.
“La Cancillería estará en Bruselas (Bélgica) la semana próxima realizando aportes técnicos, y este dossier será incorporado a esa exposición”, indicó el ministro santafesino, que además destacó el “trabajo conjunto del gobierno nacional y provincial, la Región Centro y los actores privados vinculados a la producción de biodiésel y al sector agropecuario”.
“Para Santa Fe, principal productora de biodiésel del país, es fundamental sostener esos mercados, no solo para este producto sino también para la soja y sus derivados”, indicó el ministro.
En esa línea, Losada calificó la reunión como “positiva” y sostuvo que el objetivo del documento es “demostrar que la medida adoptada por la UE no tiene base científica ni técnica y constituye un obstáculo al comercio”, además de señalar que “no se condice con la realidad productiva de la provincia”. Según precisó, el impacto económico podría implicar una pérdida de 390 millones de dólares.
El documento expone la realidad productiva de la provincia, que se vería severamente afectada en sus exportaciones de biodiésel, e incorpora datos sobre el impacto económico y en el empleo en Santa Fe.
El tema fue planteado recientemente en una reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro y esta semana en una agenda de trabajo junto al embajador alemán, Dieter Lamlé, y expertos de Sociedad Alemana de Cooperación Internacional.
La Comisión Europea emitió a comienzos de febrero pasado un informe técnico que revisa la evidencia científica sobre la expansión de cultivos destinados a biocombustibles y la aplicación de los criterios del reglamento 2019/807.
En la provincia se advierte que la normativa europea sobre “alto riesgo Iluc” (cambio indirecto del uso del suelo) excede la coyuntura específica del biodiésel y constituye una amenaza para toda la cadena de valor de la soja.
Al estigmatizar la materia prima desde su origen, esa regulación podría sentar un precedente que, en el corto plazo, condicione el ingreso al mercado europeo de productos como harina, aceite y poroto.
A partir de ese informe se abrió un período de comentarios, con fecha límite en febrero, en el que el gobierno provincial participó junto a cámaras empresariales para cuestionar la metodología, los resultados y otros aspectos. Allí se indica que los resultados planteados por la UE no reflejan la realidad de la producción de soja en la Argentina.
La Cámara confirmó la prisión preventiva del exfuncionario y otros cuatro acusados por el desvío de $425 millones. Ríos Artacho atribuyó las maniobras a sus problemas con el juego, pero la Justicia sostuvo la hipótesis de una asociación ilícita que operó durante años.
Por Lucas Ameriso
