Estados Unidos pasó a la ofensiva para combatir el cambio climático: el gobierno propuso ayer recortes de hasta 30 por ciento en las emisiones de carbono en las centrales eléctricas, la acción más ambiciosa planteada por el presidente Barack Obama en la materia.
La Agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA) diseñó la propuesta que permitiría a los estados elegir cómo reducir en 30 por ciento las emisiones de CO2 para 2030, en relación a los niveles de 2005.
Las centrales eléctricas generan alrededor de un tercio del total de las emisiones de gas de efecto invernadero en Estados Unidos.
Si bien el gas natural gana terreno desde hace varios años, el carbón sigue siendo un componente central del paisaje energético de estadounidense.
Los centenares de centrales a carbón repartidos en el territorio estadounidense proveen cerca del 37 por ciento de la electricidad del país, por encima del gas natural (30 por ciento) y la energía nuclear (19 por ciento).
"Promoviendo las energías más limpias y reduciendo el malgasto energético, este plan hará más saludable el aire que respiramos y a la vez contribuirá a enlentecer el cambio climático", dijo la directora de la EPA, Gina McCarthy.
Obama, que hizo del combate al calentamiento global una de las promesas centrales de su campaña en 2008, decidió privilegiar un enfoque reglamentario tras enfrentarse a un Congreso hostil sobre este asunto durante su primer mandato.
"Limitamos las cantidades de productos químicos tóxicos -tales como el mercurio, el azufre y el arsénico- que las centrales pueden emitir al aire y al agua. Pero pueden emitir cantidades ilimitadas de CO2 en el aire. Eso no tiene sentido", declaró la EPA el fin de semana.
Estados Unidos se comprometió en 2009 a reducir antes de 2020 sus emisiones de gas de efecto invernadero de 17 por ciento con respecto a su nivel de 2005. Los estados tendrán hasta junio de 2016 (año electoral) para presentar su plan de acción, en el que tendrán que detallar el objetivo fijado.
El plan, aplaudido por las ONG medioambientales, debe promover el cierre de muchas fábricas de carbón, con una media de edad de al menos 40 años, o un sistema de cuotas de emisiones de CO2 que animen a los grupos energéticos a invertir en energías alternativas o tecnologías menos contaminantes. Sin embargo, este es un tema políticamente sensible en el país: los republicanos, que presiden la Cámara de Representantes del Congreso, se oponen a la nueva ley; algunos lo hacen discutiendo la realidad del cambio climático, mientras que otros rechazan la responsabilidad de las actividades humanas.
El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que el plan equivalía a "un desmantelamiento unilateral de nuestra propia supremacía económica y la destrucción de las principales ventajas competitivas de nuestra nación en la economía global".
"No cabe duda de que nuestros competidores mundiales nos reemplazarán con entusiasmo en cualquier industria que perdamos como consecuencia de estas reglas", dijo.
En la misma línea se ha expresado su compañero de partido y presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner: "Todas las iniciativas de esta administración sobre el cambio climático hacen daño a nuestra economía y destruyen empleos".
Los gobernadores republicanos podrían intentar cambios legales en la norma, aunque la Corte Suprema ha sostenido la autoridad de la EPA para regular las emisiones de CO2.
Este domingo, la secretaria ejecutiva para el Cambio Climático de la ONU, Christiana Figueres, calificó este proyecto de "señal positiva" para los países del mundo entero, ya que demuestra que "uno de los principales países emisores de gases con efecto invernadero toma el futuro del planeta y de sus habitantes en serio".
Por Lucas Ameriso
Por Lucas Vitantonio
