La Iglesia prometió colaborar con Abuelas

El titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), José María Arancedo, se comprometió ayer ante la titular de Abuelas de Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a colaborar con la búsqueda de los nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar.

Carlotto, junto a otras dos integrantes de ese organismo, Rosa Roisinblit y Buscarita Roa, fueron recibidas por Arancedo para conversar sobre un plan de seguimiento a los pedidos realizados por la institución al Papa Francisco en la audiencia del 24 de abril pasado en la plaza San Pedro, en Roma, instancia en la que el Sumo Pontífice les transmitió que podían contar con su apoyo.

Como ya lo habían hecho con el máximo líder de la Iglesia católica, las Abuelas entregaron al titular de la Conferencia Episcopal un listado de posibles acciones para que la promesa realizada por el Papa "se convierta en acción", informó la organización. En este sentido, se solicitó que faciliten copias de los libros donde obran las fe de bautismo de los niños que recibieron ese sacramento entre los años 1976 y 1983 en las capillas de la zona bonaerense de San Miguel y Bella Vista, donde se presume podrían haber sido entregados algunos de los nietos buscados. También se sugirió que solicite al Movimiento Familiar Cristiano toda la información que obre en su poder sobre los niños entregados en adopción durante la última dictadura, teniendo en cuenta que dos nietas restituidas fueron entregadas a través de esa institución de laicos, con estrecha vinculación a la Iglesia. Arancedo se mostró permeable y dispuesto a colaborar con los pedidos de las Abuelas y aseguró que la Iglesia "ya está trabajando en el tema", se indicó. Por su parte, el titular de la CEA entregó a las tres integrantes de la institución una copia del documento de la 104ª Asamblea Plenaria de los Obispos de la República Argentina, en la que los prelados del país promovieron "un estudio más completo de esos acontecimientos, en fin de buscar verdad". "Exhortamos a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a acudir a las autoridades pertinentes", señala el documento.