El director de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, dijo ayer que ya en 2008 ese organismo había emitido un documento que advertía sobre las "gravísimas" condiciones de seguridad del servicio de trenes, que a su entender desembocaron en la tragedia sucedida el miércoles último en la porteña estación de Once, donde un convoy de ocho vagones chocó con el fin de línea de un andén provocando la muerte de 51 personas y heridas a otras 703.
El funcionario adelantó que el miércoles presentará un nuevo informe sobre la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).
En tanto, el defensor del pueblo de la Nación, dirigentes políticos y sectores de la Unión Ferroviaria exigieron la "inmediata" quita de la concesión de la línea Sarmiento al grupo Cirigliano.
Mientras Lucas Menghini Rey, el joven de 20 años cuyo cuerpo fue hallado recién dos días y medio después del siniestro fue velado en forma reservada, delegados de la línea Sarmiento de la Unión Ferroviaria propusieron, además, la formación de una "comisión investigadora independiente" integrada por trabajadores, usuarios y familiares y víctimas de la tragedia.
Los representantes sindicales llamaron para el miércoles en la estación Haedo a una asamblea general con "los 1.500 trabajadores del Sarmiento", durante la cual exigirán "castigo a los verdaderos responsables" del siniestro.
Los dirigentes dejaron trascender la posibilidad de llamar a una masiva marcha a Plaza de Mayo, luego del luctuoso episodio y las numerosas denuncias realizadas ante las autoridades competentes por las "deficiencias" y la "falta de inversión" de TBA en el sistema ferroviario.
Ayer a la mañana, Leandro Despouy recordó que "en los informes que hemos realizado hemos advertido el comportamiento de incumplimiento reiterado por la empresa" encabezada por la familia Cirigliano, sin que lo "aconsejado" fuese escuchado por las autoridades nacionales.
"La importancia que tiene el informe de 2008 es que se ponía de manifiesto las correcciones y deficiencias que presentaban las condiciones de seguridad, que eran gravísimas", resaltó y evocó que ya en esa época la Auditoría General de la Nación había alertado precisamente sobre el estado "deplorable" de los "frenos" de las formaciones.
El adjunto primero del Defensoría del Pueblo, Anselmo Sella, recomendó ayer al gobierno la rescisión del contrato con TBA y pidió que garantice "el Estado Nacional la prestación del servicio en condiciones de seguridad y calidad".
Los argumentos de la solicitud se basan en "la falta de mantenimiento de los bienes afectados al servicio ferroviario" que resultaban "conocidos por parte del Organo de Control y de la Secretaría de Transporte de la Nación".
La Defensoría entiende que por la gravedad de la tragedia este hecho es determinante para que TBA pierda la explotación del servicio en las líneas Mitre y Sarmiento "por falta de aptitud, pericia y responsabilidad de la empresa".
De acuerdo al organismo el Estado, titular del servicio público, deberá "garantizar su prestación en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad, accesibilidad y seguridad de los usuarios transportados".
Y deja constancia que los usuarios ven cotidianamente como son "afectados los derechos que estable el artículo 42 de la Constitución Nacional" en cuánto a las condiciones en las que son transportados y que se encuentran las estaciones.
Por su parte, el bloque de diputados nacionales de la UCR volvió a reclamar la "inmediata comparecencia de los funcionarios responsables" del control de las empresas concesionarias de servicios públicos y apuntó contra el gobierno nacional por el retraso en hallar a Menghini Rey, en medio de la búsqueda desesperada de familiares y amigos.
"Una vez más se evidencia la negligencia e irresponsabilidad del gobierno", señalaron los legisladores radicales y destacaron que "la grave demora registrada entre el momento del accidente y el hallazgo provoca vergüenza y evidencia lo mucho que nos falta avanzar para responder en forma satisfactoria ante este tipo de situaciones". l (DyN, AP y DPA)
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