Imputaron al intendente salteño por corrupción de menores

El fiscal penal de la ciudad de General Güemes, Ramiro Ramos Osorio, dispuso ayer imputar penalmente al intendente de la localidad salteña de El Bordo, Juan Rosario Mazzone, y a los remiseros Manuel Santiago Amador y Eliseo Elías Valdez por el delito de "corrupción de menores".

Así lo informaron voceros del Ministerio Público de Salta, que detallaron que la imputación está establecida en el Código Penal, en el artículo 125, primer párrafo.

En el decreto de imputación, del cual ya tiene conocimiento la defensa del intendente, a cargo del abogado René Gómez, la Fiscalía estableció que las investigaciones judiciales se iniciaron a partir de la difusión en medios de comunicación de fotografías en las que aparecían presuntas menores de edad junto a Mazzone.

En vista de ello y de oficio, la Fiscalía inició las averiguaciones preliminares que permitieron identificar a las mujeres que aparecían en las fotografías, y estableció que tres de ellas eran menores de edad, de entre 17 y 15 años.

Una de esas adolescentes fue citada a prestar declaración testimonial.

Asimismo, las investigaciones establecieron que las fotografías fueron tomadas por Amador, quien estuvo presente en la vivienda donde se realizó una fiesta, que es un inmueble perteneciente a Mazzone, ubicado en una finca, en el paraje La Ramada.

En el escrito, el fiscal también mencionó la presentación espontánea de Mazzone y los dos remiseros en la sede de la Fiscalía Penal de General Güemes, como así también otras diligencias investigativas, entre ellas el secuestro de aparatos celulares y una inspección ocular en la vivienda.

Al momento de analizar la conducta de los acusados, el fiscal sostuvo que a su criterio existen elementos que tienden "a comprometer la integridad moral, sexual y el desarrollo psicofísico normal de menores de edad".

Esto "al involucrar a las mismas en el desarrollo de presuntas actividades impúdicas, las que implicaban el contacto físico con personas mayores, desnudos y exhibicionismos, las que emergen nítidamente de las fotografías que fueran difundidas". Ramos Osorio no descartó otras derivaciones en el caso, pues en su decreto señaló que "la presente incriminación resulta esencialmente pasible de ampliarse y/o modificarse a consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de cargo".

En cuanto a la evaluación que hizo la Fiscalía respecto a las menores y los mayores que estuvieron presentes en la vivienda, Ramos Osorio recordó que "la ley traslada al sujeto mayor la obligación de abstenerse de facilitar actos tendientes a soslayar la incolumnidad sexual del adolescente, respecto del modo natural en que deben tener lugar las relaciones físicas".

Finalmente, el fiscal solicitó la citación de Amador y Valdez a declaración indagatoria, mientras que por la función de intendente, dispuso que Mazzone declare por escrito.

Entre otras diligencias, la Fiscalía solicitó una serie de pericias a los aparatos celulares por parte de Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). También requirió la declaración por circuito cerrado (Cámara Gesell) de las adolescentes menores de edad identificadas, como así también los respectivos informes ambientales y una pericia psicológica y psiquiátrica para los tres imputados.