El Senado brasileño aprobó ayer la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las denunciadas prácticas de espionaje llevadas a cabo en el país por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos. Además, la Cámara alta aprobó un pedido de protección de la policía federal brasileña al periodista Glenn Greenwald, del rotativo The Guardian, el autor de los reportajes sobre el tema, basados en documentos filtrados por el ex consultor del servicio secreto estadounidense Edward Snowden, hoy refugiado en Rusia.
"Esta protección es necesaria", afirmó ayer la presidenta de la CPI, la senadora comunista Vanessa Grazziotin, al recordar que el brasileño David Miranda, pareja de Greenwald, estuvo detenido el mes pasado por nueve horas en el aeropuerto londinense de Heathrow por la policía del Reino Unido, que se incautó con su laptop y pendrives. Grazziotin ya había propuesto la creación de la CPI en julio, cuando salieron en la prensa brasileña las primeras informaciones según las cuales la NSA monitoreó comunicaciones telefónicas y por correo electrónico de millares de personas en el territorio del país. Los pares de la senadora del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) apoyaron ayer masivamente la propuesta, dos días después de que un reportaje de Greenwald difundido por la televisión brasileña reveló que el espionaje estadounidense alcanzó también las comunicaciones de la presidenta Dilma Roussef.
Buenas relaciones. La legisladora aseguró que la investigación, que se desarrollará en un plazo de 180 días -prorrogable por igual período-, no busca dañar las relaciones entre Brasil y Estados Unidos: "Nuestro objetivo no es político. Tenemos la intención de proteger la soberanía nacional". Las noticias sobre espionaje a las comunicaciones de Rousseff generaron honda indignación del gobierno brasileño, que exigió explicaciones "formales y por escrito" de Washington y advirtió que, de ser confirmada, esta práctica es "inadmisible e inaceptable" y supone una "violación de la soberanía nacional".
Al respecto, Dilma Rousseff plantea incluir en la legislación brasileña la cancelación de operaciones de empresas que cooperen de alguna manera con el espionaje internacional, afirmó ayer el ministro de Comunicación, Paulo Bernardo. "Todas aquellas entidades que colaboren con ese tipo de servicios tendrán las licencias para operar en Brasil canceladas", sentenció Bernardo. Agregó que podría tratarse de "un banco o una empresa telefónica".
Red vulnerable. Asimismo, Rousseff le encomendó fortalecer la red interna de comunicaciones del gobierno, pues todavía muchos de sus trabajadores utilizan servicios vulnerables o cómplices con el espionaje internacional. Estas medidas fueron debatidas a principios de semana por la mandataria brasileña y los ministros que de alguna manera se vieron afectados por las escuchas llevadas a cabo por Estados Unidos.
Del mismo modo, Rousseff también le reiteró al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, la necesidad de revisar junto a su par de Comunicaciones las leyes relacionadas con la seguridad de datos personales e internet, e incluir modificaciones como este veto a las empresas susceptibles de colaborar con prácticas de vigilancia ilícitas. En el caso del correo electrónico, la idea es establecer protocolos más seguros, pues, como afirmó Bernardo, muchos de los mensajes "tienen copia para el presidente Barak Obama".
Rousseff y Obama se verán las caras esta semana durante la cumbre del G-20. Según el gobierno de Brasil, aunque no está previsto, tampoco puede ser totalmente descartado un encuentro bilateral en San Petersburgo para hablar sobre las denuncias divulgadas por la TV Globo, en base a documentos filtrados por Snowden.
