Durante el transcurso de las próximas semanas se comenzarán a debatir en el Congreso nacional dos proyectos de amplia relevancia social: el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y la legalización del aborto. Ante estos hechos, la Iglesia Católica sin dudas pondrá el grito en el cielo, lejos de la tierra en donde nos encontramos parados el resto de los humanos. Se opondrán al tratamiento de estas leyes, y muchas otras más que impliquen algún tipo de progreso, presionando al Estado y a sus funcionarios a través de todo tipo de vilezas, e impidiendo así el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Para justificar esta intrusión, citarán el artículo 2º de nuestra Constitución nacional, que a través de un verbo de dudosa interpretación legal —como "sostener"— les ha permitido históricamente arrogarse el derecho de imponer sus valores morales a la totalidad de la ciudadanía. Nos volverán a mentir, como siempre lo han hecho, clamando tener una representatividad del "90 por ciento de la población argentina", estadística incomprobable basada en sus propios registros bautismales, a los cuales nadie ajeno a su institución tiene acceso. Contarán en dicha estadística a sus fieles más enérgicos junto a católicos en discreta disidencia. Estarán allí también quienes rechazan la vetusta ideología de una institución hipócrita y corrupta; quienes creen pero han decidido vivir su religión de manera personal; y quienes alguna vez pertenecieron pero han dejado de hacerlo. En contra de nuestra voluntad, formaremos parte de un número ficticio que sólo sirve para brindarle una falsa legitimidad a sus reclamos. Nos obligarán a ser rehenes de la moral católica. Creo firmemente que hay un silencioso pero masivo repudio popular hacia la institución de la Iglesia Católica, que casi nadie se atreve a cuestionar, ya sea por miedo o por desidia. Vivimos en el único país de Latinoamérica que todavía no ha hecho efectiva su separación entre Estado e Iglesia. Es tiempo de exigir una reforma constitucional que le quite a la Iglesia Católica aquellos beneficios ilegítimos con los que dice contar. Que nunca más el Estado deba resignar los derechos de sus ciudadanos frente a la presión de un poder no democrático.
