El gobierno presentó su proyecto para regular las telecomunicaciones

El gobierno remitió ayer al Congreso un proyecto de ley, denominado "Argentina Digital", a través del cual el Estado ordenará y regulará las tecnologías de la información y las comunicaciones, con el fin de "desmonopolizar" esos servicios.

El objetivo es declarar el carácter de "servicio público" al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, sin injerencia del Estado en los contenidos, según lo anunciaron este mediodía el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Economía, Axel Kicillof y de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner.

"Se declara el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones, para y entre los licenciatarios", según el proyecto de ley remitido al Senado firmado por la presidenta Cristina Kirchner.

De este modo, el gobierno busca que todas las empresas que operen en telecomunicaciones puedan utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios, con una "tarifa de alquiler" fijada por el Estado nacional.

La intención es "favorecer la actividad de cooperativas y pymes, quienes no poseen ni el espectro ni la infraestructura propia necesaria para hacerlo", de acuerdo con el texto oficial.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son los servicios de transmisión de voz, datos, texto, video e imágenes.

A través de la iniciativa presentada este miércoles, a través de un mismo cable de red el usuario pueda recibir todos los servicios en su hogar, y elegir, para cada servicio que quiera contratar, el proveedor que prefiera.

Con el proyecto que ingresará en la Cámara Alta, la Casa Rosada busca reemplazar la actual ley de telecomunicaciones, que data del año 1972.

Uno de los puntos más significativos del proyecto es la eliminación del servicio de larga distancia en la telefonía, para que todas las llamadas a cualquier punto del país tengan el mismo precio.

En este marco, Kicillof dijo que "necesitamos esta ley para permitir la competencia, porque todo está concentrado en dos o tres empresas, que si fuera por ellas nos vacunan con los precios".

"El Estado tuvo una participación sustancial en estos años para que los precios de los servicios (como por ejemplo telefonía celular, internet, TV cable) no se dispararan, ya que representan hoy un gasto importante para las familias", aseguró.

Según el titular del Palacio de Hacienda, la ley pretende "democratizar el servicio de las telecomunicaciones, con libre competencia para los contenidos, pero sin regularlos".

Por su parte, De Vido destacó que el objetivo de la ley "facilitar el acceso a un mayor universo de información y comunicaciones, como TV digital abierta, fibra óptica y el satélite Arsat 1".

El ministro aclaró enfáticamente que el proyecto "excluye cualquier tipo de regulación de los contenidos" y que su finalidad es "garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones".

"Reconocemos a las tecnologías de la información y la comunicación como un factor preponderante de la independencia tecnológica del país. Entonces, era necesario que el derecho humano a las telecomunicaciones sea garantizado por ley", enfatizó el funcionario.

De Vido subrayó, también, que desde 2003 el gobierno invirtió 21.440 millones de pesos en este sector considerando que ha sido la gestión que más apostó.

En tanto, Berner enfatizó que con la nueva ley, el Gobierno busca "desmonopolizar las telecomunicaciones".

"Así, cualquier empresa, a precios regulados por el Estado, podrá brindar servicios por red. En consecuencia, los usuarios tendrán múltiples posibilidades de elección de contenidos, a precios justos", resaltó el secretario de Comunicaciones.

Asimismo, remarcó que "la idea es llegar a todos los usuarios con una velocidad muy rápida de transmisión de datos".

Por esa razón, amplió el funcionario, consideramos que esta nueva ley regulará un servicio público esencial y estratégico".

Capitanich. Por último, Capitanich indicó que con este proyecto "buscamos sustituir la ley 19.798, de más de 40 años de vigencia, que fue sancionada cuando no existían celulares o internet o TV por

cable".

El jefe de Gabinete de ministros del gobierno nacional dijo que frente a la obsolescencia de la norma, "creemos que nuestro extenso país debe tener en el Estado la capacidad regulatoria para estimular la igualdad de oportunidades", enfatizó.

Y añadió: "múltiples servicios, múltiples servicios. Ese es uno de los objetivos del proyecto".