El gobierno avanzó un casillero en la pelea salarial de 2015, al cerrar las paritarias de un grupo de gremios aliados, bajo la pauta de referencia del 27 por ciento. Los acuerdos fueron festejados por la Unión Industrial Argentina (UIA), que había marcado como pocas veces la cancha en esta ronda salarial. "Recomendé en ese momento tener cuidado con los acuerdos salariales y no fui tratado muy bien por el gobierno, que después dijo lo mismo que yo,", se ufanó el presidente de la central fabril, Héctor Méndez.
En el delirante imaginario de muchos empresarios argentinos, el Estado es una mochila de plomo salvo cuando los protege de la competencia, les da subsidios, contratos de obras públicas y promociones, y, sobre todo, cuando contiene los reclamos de los trabajadores.
Hace unos años, cuando el crecimiento económico impulsaba reclamos salariales más ambiciosos, una encuesta realizada en el coloquio de Idea de Mar del plata reflejó este doble estándar. La libertad de empresa era el imperativo de esa extraña burguesía, experta en "mercados regulados". Pero la intervención estatal para limitar el protagonismo de los sindicatos figuraba al tope de las demandas del sector.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, quien durante la semana ratificó en el congreso de Aeda su fe keynesiana en el Estado como principal creador de mercado y demanda, extendió ese brazo regulador para domesticar la puja salarial, con un conjunto de acuerdos que involucran a unos 2 millones de trabajadores formales.
La patronal, agradecida. El camino de la desaceleración inflacionaria, que permite al gobierno avanzar en la apuesta a una suba del índice de precios anual inferior al 20 por ciento, seguirá asfaltado por el salario de los trabajadores.
Los hipermercados, por caso, no deberán hacer su aporte achicando los márgenes de remarcación de hasta 240 por ciento que denunció esta semana la Asociación de Empleados de Comercio. Entidad gremial que durante el año paso sufrió en carne propia la acción disciplinadora de esos sectores concentrados de la economía, que desembarcaron con un ejército de barras bravas (los mismos que intervienen en los conflictos futbolísticos que hoy son parte de la discusión mediática) para intentar frenar la sanción de la ley de descanso dominical.
El adoctrinamiento y el disciplinamiento de los trabajadores fue una aspiración latente de los empresarios durante los tiempos de auge de la posconvertibilidad. En los últimos años comenzó a tomar cuerpo en la calle a partir de las señales directas o confusas que emite la clase política tradicional.
El imaginario del fin de ciclo alienta a una postura más agresiva de las corporaciones patronales. Un programa ideológico que hoy alienta la apuesta de las grandes empresas agroexportadoras por quebrar el histórico conflicto de los trabajadores aceiteros, que reclaman llevar el salario mínimo de la actividad a 14.931 pesos. Una cifra nada descabellada para los valores de esa rama de actividad, la principal tractora de divisas del país. Un conflicto prolongado sólo en razón de una estrategia corporativa de desgaste que se extendió a una suerte de lock out de negocios en el recinto de la Bolsa de Rosario.
Tras el cierre de las paritarias de la UOM, la Uocra y los empleados de comercio, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, retomó el protagonismo en la cuestión y anunció su decisión de trabajar para cerrar los conflictos bancarios y aceiteros. Un adelanto que podría repetir esquemas de otros años, cuando tras asegurarse un porcentaje de referencia, el gobierno liberaba bandas de acuerdo para las actividades que podían discutir salarios más jugosos.
En el caso aceitero, Tomada puso sobre la mesa una idea que su viceministra, Noemí Rial, había deslizado dos semanas antes en una entrevista televisiva: distribuir parte de las ganancias empresarias como alternativa complementaria a las paritarias. Una reivindicación del viejo proyecto del diputado kirchnerista Héctor Recalde, años después de ser sepultado por intervención de la propia presidenta.
Despejar de porcentajes la discusión salarial también puede ayudar a desmalezar los conflictos. Al fin y al cabo, la UOM firmó 27 por ciento pero logró consolidar el piso de 8.400 pesos, que implica un 34 por ciento de aumento para la categoría inicial. Parece poco, pero es lo que reclamaba. La negociación de aceiteros y bancarios se vería distinta desde esta óptica de conceptos salariales y números absolutos.
Fiel a la distinta naturaleza de las demandas y al estado de la discusión ideológica en el sindicalismo, estos dos conflictos que dan cuenta de la más clara puja distributiva entre capital y trabajo, no cuentan con la concurrencia de los gremios del transporte y de los sindicatos tradicionales nucleados en la CGT opositora. El gremialismo enfrentado al gobierno guarda sus fichas para junio: el 4 con el paro y movilización de Camioneros, y el 9 con la huelga general de las tres centrales. Una ofensiva centrada en el impuesto a las ganancias, en las demandas al Estado y en la lucha política, más que en la disputa de ingreso mano a mano con las patronales empresarias.
