A pocos días del inicio de la XV Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 15), que se desarrollará entre el 7 y el 18 de diciembre en Copenhague, la meta de llegar a un acuerdo que reemplace al Protocolo de Kyoto sobre emisión de gases de efecto invernadero, que expira en 2012, va dejando lugar a una realidad que indica que ese consenso no va a ser posible.
De poco sirvieron las dramáticas advertencias del mundo científico −a través del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés)−, ni del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el sentido de que el tiempo se acaba y el calentamiento global no espera.
Las diferencias residen en a las metas de reducción de emisiones y del monto del financiamiento necesario para la adaptación al cambio climático de los países más pobres, sumadas al atascamiento en el Senado norteamericano de una ley que permitiría al presidente, Barack Obama, comprometer a su país en un acuerdo internacional.
Todos saben que no va a haber acuerdo jurídicamente vinculante, pero sí se tratará de arribar a uno que vincule a los gobiernos desde el punto de vista político, lo que no es poco si se tiene en cuenta la indiferencia que tuvo hacia el tema la anterior administración norteamericana bajo el mandato de George W. Bush.
El camino hacia Copenhague no fue fácil desde su inicio. En realidad la cumbre se debería haber realizado en Latinoamérica, pero el gobierno danés, primero, y la Unión Europea, después, presionaron con la mente puesta en un éxito internacional que le diese el prestigio diplomático y político que significa ser la cuna de un acuerdo que salve al planeta del desastre ambiental. Los europeos propusieron una reducción del 20% para 2020 y de un 50% para 2050, algo que viene reclamando el IPCC.
Por su parte, China ha mostrado una mayor flexibilidad respecto a procesos anteriores y esta semana se comprometió a una reducción del 45% para 2020 respecto de los niveles de 2005, mientras que la India se niega a aceptar compromisos cuantificados y propone un tope para los países desarrollados que no están en el protocolo, como es el caso de los Estados Unidos.
Tampoco hay una posición común en cuanta a la forma y cantidad del monto de financiamiento a los países más pobres para que se adapten al cambio climático, que se calcula entre el 1 y el 2% del Producto Bruto Interno (PIB) de las naciones más desarrolladas. (Télam y Reuters)
