Dos productores y un aviador serán enjuiciados por fumigar glifosato

Por primera vez en el país dos productores agropecuarios y un piloto de aviones fumigadores irán a juicio oral y público por asperjar plaguicidas en una zona prohibida, contigua al barrio Ituzaingó Anexo ubicado al sur de la ciudad de Córdoba.

   Los agricultores cordobeses Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, junto al piloto aeroaplicador Edgardo José Pancello, deberán defenderse ante la Justicia por violar la ley nacional de residuos peligrosos (24.051).

   El litigio comenzó en 2004 cuando Sofía Gatica, integrante de un grupo de madres que se movilizó para reclamar por la contaminación ambiental, asentó una denuncia contra los productores agropecuarios, poco después de que los vecinos detectaran que se fumigaba sobre terrenos cercanos a las viviendas, cuando una ordenanza municipal (10.590) lo prohibía expresamente. Esta norma establecía una distancia de exclusión de químicos agrarios de 2.500 metros a partir de los lindes de la zona urbanizada.

   Cuatro años después, el entonces secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Medardo Avila Vázquez, denunció que dos productores seguían fumigando en la zona, a pesar de la prohibición.

   Diversos estudios realizados durante la gestión de Avila Vázquez constataron lo que habitantes del lugar habían denunciado al menos desde 2001: la detección de 220 casos de cáncer a lo largo de la última década.

   “La tasa de mortalidad por la enfermedad es del 33 por ciento, casi el doble que en el resto del país. No solo pasa aquí, también hay estadísticas similares en pueblos como Brinkmann, también en Córdoba y Murphy en Santa Fe, altamente expuestos al glifosato”, aseveró el médico.

   Para Miguel Martínez, abogado y apoderado de la querella, “éste es un tema cerrado penal y jurídicamente, entra en la figura legal delito de peligro. Y si se llega a una condena, sentamos un precedente no solo en Argentina sino en el mundo. Nunca fue punido el uso de agrotóxicos. Esto es un delito de lesa humanidad”.

   Las dos denuncias se unificaron y el fiscal Carlos Matheu entendió que los productores (que tenían en conjunto unas 400 hectáreas sembradas con soja cercanas al barrio que habitan unos cinco mil habitantes), y que el aeroaplicador además de contrariar la ordenanza vigente violaron la ley nacional de residuos peligrosos al arrojar sobre esos campos diversos plaguicidas.

   La Cámara 1ª del Crimen sentará el próximo 11 de junio a los tres hombres en el banquillo bajo una acusación que, en caso de demostrarse, puede derivar en penas de entre 10 y 25 años de prisión. En paralelo, además de las infracciones por fumigación, el fiscal Matheu también investiga la contaminación de los transformadores de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (Epec) que entonces contenían PCB y del agua contaminada con arsénico.

   Según consta en el expediente que se ventilará en el juicio, Gabrielli y Parra utilizaron durante varios años diez litros de glifosato por hectárea, endosulfán (actualmente prohibido) y otros aditivos y coadyuvantes en cada campaña de siembra.

   Si bien el hecho de lograr que la Justicia se ocupe de dilucidar los casos de contaminación ambiental constituye todo un logro para vecinos y ambientalistas de Córdoba y de otras provincias con la misma problemática, los especialistas aseguran que el círculo terminará de cerrarse cuando se pueda demostrar el impacto real que esas conductas ocasionan al medio ambiente y a la salud de las personas.

   Técnicamente una condena de este tipo sentaría un precedente en el país que permitirá a poblaciones sometidas al mismo riesgo reivindicar su derecho a vivir en un ambiente sano. Esa condición que vieron violentada a partir de la instauración, a mediados de los 90, del actual sistema de monocultivo agrario que sienta sus bases en la siembra directa y la manipulación genética para que los cultivos resistan la constante utilización de plaguicidas.

   Este sistema, que contó con el aval de los gobiernos que sucedieron desde entonces, reemplaza los métodos de labranza tradicionales con la utilización de combos químicos que, según se encargan de remarcar los especialistas a través de numerosos estudios, atenta seriamente contra el medio ambiente y la salud de la población.

Madres coraje. Movilizadas por la cantidad de casos de cáncer, leucemia y afecciones relacionadas con el medio ambiente, la agrupación Madres de Ituzaingó y los equipos de atención primaria de la salud del barrio relevaron desde 2001 en adelante todos los enfermos de la zona. Detectaron que la tasa de mortalidad por esas enfermedades era del 33 por ciento, el doble que el índice del resto del país. Diseñaron así un "mapa del cáncer" que luego fue utilizado como herramienta para las causas que se sustancian y por las autoridades sanitarias.

También se enfrentaron a cuadrillas de defensores de las explotaciones agrarias cercanas a la zona urbanizada, difundieron el alcance de su calvario y peticionaron ante las autoridades gubernamentales. Por encabezar esa lucha Sofía Gatica recibió hace quince días el premio Goldman Environmental Prize, el "Nobel verde" que se otorga a un líder ambiental de cada continente. Se trata de la primera argentina en obtener tamaña distinción.

En 2002, a poco de que los vecinos de Barrio Ituzaingó comenzaran a relacionar la problemática de la contaminación con los numerosos casos de cáncer, la Fundación Para la Defensa del Ambiente (Funam) "una ONG con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas) denunció ante la Justicia federal el deterioro ambiental que sufría el barrio a raíz de la existencia de transformadores de Epec que contenían PCB. Esa presentación luego se amplió por la detección de plaguicidas y otros contaminantes en muestras recogidas en la zona y en el agua para consumo humano.

En 2004, con los resultados de relevamientos propios los vecinos denunciaron a los productores que fumigaban en cercanías del barrio. Cuatro años más tarde, realizaron otra denuncia con el aval del neonatólogo Medardo Avila Vázquez quien se desempeñaba como subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, actualmente querellante particular en la causa.

Para el titular de Funam, el biólogo Raúl Montenegro "básicamente en este juicio no se resolverán directamente las cuestiones relacionadas a la salud", sino que se analizarán responsabilidades por violación a la ley de residuos peligrosos y de fitosanitarios de Córdoba.

Sin embargo, el especialista se mostró entusiasmado por la movilización indirecta que este juicio acarreará sobre otras causas que buscan demostrar el daño directo sobre la salud y el medio ambiente. "Más allá de identificar y sancionar a los responsables de utilizar mal los plaguicidas pretendemos demostrar la relación concreta entre éstos y los efectos sobre la salud", explicó a La Capital.

"Hay expectativas que no podemos tener respecto al juicio que se sustanciará en junio. Por ejemplo no podremos establecer que una mala actitud de quien maneja plaguicidas tenga responsabilidad directa sobre la pérdida de salud en una determinada persona", dijo.

"Este es un paso muy importante porque en este caso se llegó al juicio, cuando en muchos lugares del país sólo se consolidó la etapa de imputación. Pero debemos tener en cuenta que aún quedan muchas tareas que aún no fueron abordadas por la Justicia como establecer el daño asociado a la acción del plaguicida y en consecuencia condenar a un culpable por haber ocasionado perjuicios sobre otra persona o comunidad. Eso queda como tarea pendiente", señaló.

Para el experto, este es un capítulo trascendental pero aún resta el otro que consiste en tender un puente entre personas o comunidades afectadas y la aplicación de plaguicidas. "Eso necesitará de un trabajo arduo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en ese sentido. Para ello es indispensable que se de una condición que no siempre se cumple: suele haber una cierta independencia entre los movimientos de resistencia y los componentes técnicos y judiciales. Hay que lograr un mayor ajuste que los registrados hasta ahora para que estos ámbitos estén mucho más unidos: La resistencia popular, los acompañantes técnicos y el sistema de protección judicial".

Montenegro es titular de la cátedra de biología molecular de la Universidad Nacional de Córdoba. Además de presidirla, es representante de la Funam ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Posee una larga trayectoria como educador sobre mecanismos ecológicos en toda América latina y en 2004 fue distinguido con el premio Nobel Alternativo por la defensa del medio ambiente.