En la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, nuestra presidenta señaló que esta norma era una construcción social, producto del accionar de muchas organizaciones de la sociedad. Por esos días, ante una consulta periodística hizo saber que el tema del aborto no estaba en su agenda. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo también es una construcción social que, desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, más de 200 organizaciones de mujeres venimos sosteniendo desde hace muchos años. A través de esta campaña hemos advertido que cada vez más, amplios sectores de nuestra sociedad apoyan que se debata y apruebe esta ley. A la hora de solicitar firmas de adhesión, hombres y mujeres, jóvenes y adultos se manifiestan favorablemente. Posiblemente el matrimonio igualitario no figuraba en la agenda presidencial algunos años atrás como otros temas que, ante la demanda social, el gobierno nacional supo ir haciéndolos propios y, en consecuencia, transformarlos en realidades concretas. Del mismo modo, desde muchísimas organizaciones sociales reclamamos que la interrupción voluntaria del embarazo sea parte de la agenda gubernamental. Como bien dijo la primera mandataria nadie está a favor del aborto, estamos a favor de la vida de las decenas de mujeres que cada año se mueren por abortos inseguros. Se trata de mujeres sanas, jóvenes y pobres. Se trata de muertes absolutamente evitables. La presidenta también ha dicho que el matrimonio ampliado hace a nuestro país más igualitario. Se hace necesario remarcar que en el caso de la ley que propiciamos desde la Campaña Nacional también trabajamos en ese sentido, porque la penalización del aborto constituye una discriminación por razones de situación económica ya que las mujeres que cuentan con recursos pueden afrontar un aborto seguro. Supone también una discriminación por género porque es un problema que sólo afecta a las mujeres. Estamos ante una deficiencia de la democracia ya que no se permite, sólo a las mujeres, ejercer plena autonomía sobre su propio cuerpo, lo que resulta de una intervención inadmisible del Estado en la privacidad de las personas. Confiamos que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo forme parte de la agenda presidencial y de esta manera profundicemos el estado de derecho para todos y todas.
