Cuatro policías acusados de facilitar la evasión de un preso buscado en el marco de la causa de Los Monos, al que cambiaron por otro mediante el pago de 35 mil pesos, afrontarán un juicio luego de que la Cámara Penal ratificara sus procesamientos. Los cuatro habían sido indagados por faltar a sus deberes de funcionarios públicos, recibir un soborno y falsear las actas de modo de ocultar la maniobra. Apelaron la decisión porque, según sus defensores, la medida provisoria que los tiene imputados les ocasiona perjuicios laborales. Pero el camarista Daniel Fernando Acosta sostuvo que el planteo es inadmisible.
El caso analizado por el juez Juan Carlos Vienna, ocurrido en mayo de 2013, es un desprendimiento de la causa de Los Monos. Involucra a tres hombres que estuvieron largo tiempo con pedido de captura por ser miembros importantes en la banda liderada por la familia Cantero. Se trata de Leandro "Gordo" Vilches, Angel "Pibu" o "Narigón" Villa y Emanuel "Ema" Chamorro. Los tres terminaron detenidos a partir de octubre pasado en diversos procedimientos. El momento en que ocurrió la maniobra fue anterior, cuando estaban con pedidos de captura.
Negociación. Según las escuchas telefónicas, el 28 de mayo de 2013 Vilches cayó preso a bordo de un VW Bora con otras dos personas de la banda tras una persecución del Comando que terminó en Fragata Sarmiento y Santiago. Los tres fueron trasladados a la comisaría 15ª, de Sarmiento al 4300. Pero la interceptación de sus celulares desnudó una increíble negociación para liberarlos.
En este marco Vienna procesó en febrero pasado al entonces subjefe del Comando, Pablo Ferrer Amador y a otros tres agentes de esa dependencia: Darío Aguirre, Roberto Dilda y Valeria Galarza, por cohecho pasivo (recepción de una coima, algo que está tipificado como más grave que pagarla), incumplimiento de deberes de funcionario público y falsificación de documento público al hacer insertar declaraciones falsas. En el caso de Ferrer Amador, el de mayor jerarquía, el delito es en concurso real con tráfico de influencias.
El que gestionó el pago de la coima, según la sospecha, fue el sargento Juan "Chavo" Maciel, ex miembro de la Secretaría de Delitos Complejos y actualmente procesado por asociación ilícita con prisión domiciliaria. Le atribuyen canalizar el pago de 35 mil pesos para que liberaran a uno de los detenidos, "El gordo" Vilches. Según las escuchas, reemplazaron a Vilches por otra persona, Javier Nicolás Leyva, que no tenía antecedentes penales, lo que implicó su liberación automática.
Las escuchas fueron tomadas del celular de Vilches y en la página 4948 del expediente se transcribe un diálogo entre éste y el sargento Maciel. "¿Dónde estás Gordo? Ahí estoy yendo a buscarte", le dice el policía. "Chavito, perdimos todo, re mal. A mí ya me largaron boludo, yo hice cambio, puse a otro pibe. Fijate que está el Ema y el Narigón", le dice Vilches. "Ya está, todo solucionado, por eso te estoy yendo a buscar a vos. Ahora tengo que ir a buscar la plata, 35 palos, le encontraron el fierro y todo lo que descartaron ustedes (...) Van a llevar a otro pibe en lugar de él. El Ema y el Pibu están en la 15, pero en averiguación de antecedentes, no les van a poner nada de la corrida".
Con estas escuchas se ordenaron otras medidas que parecen probar lo esbozado en esos diálogos: verificaciones en los libros de guardia de la comisaría 15ª, seguimiento de los recorridos de las patrulleros verificado mediante los aparatos de geoposicionamiento satelital (GPS), constancias de los turnos cumplidos por los empleados implicados.
Desestimado
El abogado de uno de los policías señalaba que la resolución de Vienna causa “gravamen irreparable” a su defendido en tanto con una medida provisoria (el procesamiento) su cliente no podía ingresar en el trámite de ascensos, tendría la afectación del 25 por ciento de su sueldo por estar en disponibilidad y no podría hacer servicios adicionales, todos perjuicios de imposible reparación futura en el caso de que no haya sentencia condenatoria firme. Pero la Cámara Penal no hizo lugar al planteo porque en estado de libertad, que es el que tienen los policías en espera del juicio, no hay afectación irreparable.
