Los defensores de los acusados por una saga de extorsiones y el crimen de un apostador en un tiroteo al casino City Center comenzaron a exponer sus alegatos de cierre en el juicio oral que comenzó el 3 de agosto. En líneas generales pidieron absoluciones, cuestionaron el valor de las pruebas y objetaron los altos montos de pena requeridos por la Fiscalía. Además solicitaron otro encuadre legal para el homicidio y pidieron la nulidad de la evidencia obtenida de un teléfono que aportó de forma casual un vecino días después de la detención del acusado Maximiliano “Cachete” Díaz. Un aparato en el que se detectaron conexiones del grupo con el juego clandestino en la provincia.
En el debate ante los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Bilbao Benítez se ventila el crimen de Enrique Encino, el gerente bancario de 64 años de Las Parejas que el 11 de enero de 2020 salió a fumar un cigarrillo a un balcón del casino y recibió un balazo en la cabeza. La investigación arrojó que el City Center era blanco de una trama de extorsiones realizadas en nombre de Ariel “Guille” Cantero, para quien los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron 22 años de prisión como instigador de ese atentado.
Además se juzgan cinco exigencias de dinero bajo amenazas de balaceras cometidas en 2019, algunas consumadas y otras que quedaron en el intento. Junto a Guille están acusados Díaz y Carlos Damián “Toro” Escobar como colaboradores que aportaron a la logística del atentado, Otniel “Dominicano” De León Almonte como uno de los autores materiales del crimen de Encino y Rodrigo Ortigala por una intervención secundaria en un intento extorsivo.
El viernes pasado, en su alegato final, los fiscales plantearon que el homicidio en el casino fue “un hecho central en el fenómeno criminal rosarino” que además develó la “participación política y judicial en el crimen organizado”. Es que el peritaje al celular de Díaz reveló diálogos con el empresario del juego Leonardo Peiti, luego condenado por regentear salas ilegales en la provincia. La investigación expuso sus vínculos con el destituido fiscal regional Patricio Serjal, el fiscal ya condenado Gustavo Ponce Asahad y el empleado judicial Nelson Ugolini.
“No hubo plan de matar”
Los primeros defensores en alegar fueron los de Díaz, para quien los fiscales pidieron 35 años como partícipe del crimen, organizador de una asociación ilícita y cuatro hechos de extorsión. Los abogados Marta Macat y Walter Calenta pidieron la nulidad del teléfono que, días después de su detención en su departamento de Mitre al 1700, fue entregado en la Fiscalía por una persona que lo halló roto en la calle y lo relacionó con ese procedimiento.
“El señor que lo encuentra en la calle, cuatro días después, ¿por qué pensó que podía ser de este allanamiento? No lo vamos a saber nunca porque no se lo interrogó. El teléfono perdió la cadena de custodia”, objetó Macat. Su socio Calenta añadió que “la fábula donde un ciudadano honesto y probo se encuentra con un celular y lo entrega debió estar respaldada” en pruebas o en un interrogatorio al testigo.
Los abogados señalaron además que “no hubo un plan de matar” en el ataque al casino. A través de escuchas, recordó Macat, los investigadores detectaron que allegados a Cantero planeaban provocar un incendio en la cochera del City Center, pero el plan se abortó por la detención casual de quienes iban a hacerlo el miércoles 8 de enero. “Díaz nunca habla ni planifica una muerte. Es más, producido el hecho, manda un emoji tapándose la cara. No se extorsionó a los encargados del casino”, dijo la abogada, y remarcó que quienes dispararon seis veces desde una moto en Moreno al 6400 no pudieron ver que lo hacían a un balcón porque estaba oscuro y un árbol obstruía la visión.
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Calenta consideró que “la investigación se debió hacer como homicidio culposo” y pidió absolver a Díaz como partícipe del crimen, o al menos que se aplique esta figura. También pidieron absolver a Cachete de las acusaciones por asociación ilícita y cuatro extorsiones, resaltaron que el imputado “comenzó a trabajar a los 17 años” y antes de agosto de 2019 —fecha fijada como inicio de la organización— “no tenía ninguna registración penal”.
Dudas
En las escuchas a Díaz los fiscales expusieron conversaciones con Escobar en las que coordinaban quién aportaría hombres y movilidad para el primer ataque frustrado al casino. Para Escobar, condenado a perpetua por instigar el crimen del novio de su ex para hacerla sufrir, los fiscales pidieron 20 años de prisión como partícipe primario del crimen de Encino y por una tentativa de extorsión. “No se probó su aporte. Hasta el 8 de enero iban a prender fuego un auto. ¿Se pudo representar un homicidio? No. No está probado que la moto fuera aportada por Escobar ni que la persona que aportaría fuera Otniel. Piden 20 años de prisión con una endeble evidencia”, dijo el defensor del Toro, Leonel Iesari, antes de pedir su absolución por el beneficio de la duda.
Sobre Ortigala, que afronta un pedido de un año y medio de cárcel por un un intento de extorsión, planteó que no se llegó al final del juicio con la certeza de que haya realizado algún aporte. Se le reprocha haber otorgado datos sobre la situación financiera de la víctima, dado su trabajo de entonces como agente inmobiliario.
Iesari repasó el perfil de Ortigala, que contó en el juicio “la pesadilla de haber sido testigo en la causa contra (Esteban) Alvarado”, los atentados de los que fue víctima, las estrategias para proteger a su familia y cómo, a partir de la amistad de su hermana con la pareja de Guille Cantero, se amparó en la protección que podía brindarle esta organización. Por esto, dijo el defensor, cuando lo llamaron para pedirle datos sobre la víctima de la extorsión, su cliente “brindó una opinión” ante “el miedo a perder esa protección que necesitaba para no terminar muerto”. Así, consideró que por miedo actuó en contra de sus intenciones y debe ser absuelto.
"Cantero no instigó"
Finalmente el defensor público de Cantero, Gonzalo Armas, pidió la absolución del líder de Los Monos. Primero pidió la exclusión probatoria de las escuchas y del listado de llamadas entrantes de y salientes del Servicio Penitenciario realizadas por Cachete Díaz, de la cual surgen las pruebas contra Guille. Según el defensor, esas intervenciones telefónicas fueron solicitadas a raíz de relaciones que se le atribuían a Díaz con Cantero y otras personas vinculadas a Newell’s, pero no se pueden intervenir teléfonos en función de amistades sino a partir de delitos, alegó.
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Armas también objetó que la conversación por la cual fue acusado Cantero fue una charla de seis minutos en la que hablaron de muchas cosas y que en un tramo de 10 segundos Díaz le dice que esa noche iba a “ir al City con los guachos”, a lo cual Guille respondió que sí. Para el defensor no hubo en esa charla instigación alguna a un homicidio o extorsión, porque tampoco se exhibieron pruebas de que en esa charla estuvieran hablando en código sobre atacar el casino, cuestión que un día antes Díaz ya habría resuelto en una charla con Escobar.
El defensor de Cantero sostuvo que, en todo caso, de haber habido un instigador a ese ataque no fue su asistido sino el propio Cachete, que envío a otras personas a ejecutarlo.
