Hace tres sábados un centenar de empleados policiales y de las áreas de control municipal rodearon un predio ubicado en la imponente barranca de la zona de La Florida y aseguraron varios puestos a la espera de órdenes. Adentro se celebraba una fiesta para 260 invitados reunidos en los jardines desde el atardecer y luego en un salón con mesas bien servidas hasta la madrugada. En el parking se estacionaban vehículos de alto valor económico. Los uniformados apostados afuera cumplían mandato de la Fiscalía de Homicidios Dolosos que, por datos recogidos unos días antes, manejaban que entre los agasajados podrían estar dos individuos requeridos por asesinato, uno de ellos una ejecución mafiosa de resonancia nacional ocurrida en octubre del año pasado.
Las personas buscadas con órdenes de captura firmadas por el juez Javier Beltramone no fueron encontradas en ese lugar, donde se celebraban los 15 años de una hija de Claudio “Pájaro” Cantero, sindicado líder de la banda de Los Monos y asesinado en mayo de 2013. Se intentaba localizar a los homicidas de Luis Bassi padre, acribillado de diez balazos por dos sicarios en la remisería que poseía en Villa Gobernador Gálvez. La supuesta presencia de los señalados allí se debe a la principal hipótesis de investigación: que el crimen de Bassi padre fue una venganza urdida por la familia Cantero contra Luis Bassi hijo, “El pollo”, quien está preso en una cárcel entrrerriana acusado del homicidio del Pájaro.
Privado y público. Lo que vuelve a una fiesta privada un asunto de interés general es que un juez de garantías autorizó allanamientos para buscar en ella a los autores de un asesinato impactante, el tercero en el núcleo de la familia Bassi en menos de un año calendario.
Pero otro punto destacable es la elocuente capacidad económica que supone montar un evento cuyo valor orilla los 300 mil pesos, dinero desembolsado por un grupo familiar acusado de generar múltiples negocios económicos basados en la violencia, cuya responsabilidad los más notorios integrantes del grupo están a punto de admitir en un juicio abreviado.
Los cien efectivos que participaron del operativo, ocurrido el 22 de febrero pasado, pertenecían a la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), a la Policía de Acción Táctica (PAT) y a las direcciones de Tránsito y de Control Urbano, porque se dispusieron además retenes para pruebas de alcoholemia. En el predio de avenida Carrasco al 3900 fue secuestrada una cupé deportiva Chevy de color azul que tenía pedido de secuestro en el marco del expediente 913/12, conocido como “Causa Monos”. Los hombres buscados y que nadie encontró responden a los apodos de “Piki” y “Javito”
Tras la fiesta proliferaron copiosos comentarios en Tribunales, en el Ministerio Público de la Acusación y en ámbitos del Poder Ejecutivo. Un alto funcionario del Poder Judicial, que jamás participó de la causa Monos, subrayaba que un agasajo de ese valor organizado por personas sin ingresos lícitos demostrables es una exhibición de impunidad. “Si el Estado dice perseguir ilícitos que causaron gran inquietud social, con fuertes indicios de vigencia en escuchas recientes a miembros de la banda, no se puede desentender de cómo se paga una recepción así. Una fiesta en ese lugar privilegiado, para 260 personas, implica un movimiento de dinero que no debería pagarse en efectivo para evitar lavado de dinero. Esto equivale a decir que se nos ríen en la cara”, sostuvo.
Los presentes. A la fiesta concurrieron personas que están con excarcelaciones autorizadas aunque vinculadas al trámite judicial de la asociación ilícita, lo que se verifica en el listado de invitados. Por fuera del servicio de catering y del alquiler del salón fueron contratados dos grupos de música que amenizaron la velada: Coty, el más parrandero; y Chanchi y los auténticos.
Nunca es relevante cuánta plata corrió o qué grupos musicales actuaron en una fiesta privada. Salvo que las personas que la organizan estén sospechadas de generar el dinero del pago por vías violentas, lo que supone preguntar cómo el Estado, en conocimiento de un evento así, encara el desafío de enfrentar el uso de recursos procedentes del delito. La cuestion es pertinente cuando se enfoca en los gastos de un grupo que está en medio de un juicio por asociación ilícita por delitos económicos, cuyos miembros son registrados en escuchas organizando la actividad en bunkers de drogas, comprando y acopiando armas de fuego y ordenando atentados en virtud de asegurar la continuidad de negocios sangrientos.
Un vocero de una fiscalía señalaba a este diario la semana pasada: “En cualquier lugar un grupo que es investigado por delitos económicos se cuida de hacer gastos ostentosos. Aquí se exhiben sin ninguna preocupación. Poder hacer esta fiesta tan expuestamente implica el fracaso estrepitoso del Estado que no asume que a una asociación ilícita se la debe atacar como negocio. Es un poco absurdo ir por cada delito violento, uno por uno. A un grupo criminal se lo acorrala no dándole respiro sobre la justificación de sus inversiones y de sus gastos. Para enfrentar a un grupo criminal las condenas sirven de nada. Valen las confiscaciones, los embargos y los decomisos. En el caso de Los Monos hay indicios categóricos de que ellos siguen con sus actividades económicas. Si les acordás condenas y les dejás seguir manejando sus asuntos un solo resultado es seguro: van a salir de la cárcel con el negocio más próspero”.
La secretaria de Delitos Complejos de la provincia, Ana Viglione, contó que para el operativo de la TOE en la fiesta se extremaron todas las precauciones. “Hubo que ser muy sigiloso para llegar desde la tarde con una orden de detención por un homicidio a una fiesta donde iba a haber gente conflictiva o violenta entre los invitados. Pero suponemos que hubo filtraciones por las que algunas personas que iban a estar allí pudieron no llegar”.
El jefe de la TOE, Adrián Forni, contó que para evitar incidentes los controles se hicieron bajo una minuciosa supervisión de los invitados al entrar y al salir. “No se detectaron a las personas requeridas. Tenemos bien identificados tanto a los buscados como prófugos de este grupo como los bienes requeridos. Por eso se secuestraron dos vehículos que estaban estacionados”, indicó.
“Un grupo al borde de la condena por asociación ilícita organiza un evento en el mismo lugar donde se hizo en diciembre la fiesta anual del Colegio de Magistrados”, recordaba un juez el viernes. “Todo está mezclado pero esto sí que no es culpa de ellos”.
