Buenos Aires: la Justicia protege el patrimonio

La ciudad de Buenos Aires ostenta un patrimonio histórico-cultural que la distingue y de cuyo destino parece desentendido el gobierno local, a punto tal que la Justicia porteña tuvo que crear una unidad especial para protegerlo hasta de decisiones del propio Ejecutivo.

   “Lo que en cualquier ciudad sería generar una estructura estatal para controlar o en su caso reprimir a los particulares que atacan al patrimonio histórico, acá hay que hacerlo a causa del propio gobierno”, dijo Andrés Gallardo, responsable de la Unidad de Defensa del Patrimonio Histórico Urbano de Buenos Aires.

   La unidad fue creada por Mario Kestelboim, defensor general de la Ciudad, quien la puso a cargo del ex juez Gallardo, su adjunto, tras identificar este tema como “conflicto estructural”, es decir, aquellos que por su especificidad, reiteración y proporciones, requieren una dedicación permanente.

   “La idea tomó forma a principios de año cuando asistí, en un acto en el Congreso, a una película triste, que mostraba el antes y el después de algunas demoliciones, donde un conjunto importante de edificios que caracterizaban los barrios desaparecían y eran reemplazados por construcciones sin estilo”, relató Gallardo.

   El funcionario describió aquel documental como “un grito de impotencia” ante la pérdida de petit hoteles de Flores o señoriales casonas de Caballito -”muchas en buen estado”, acotó- que cayeron bajo la piqueta pese a las protestas vecinales.

   El funcionario explicó que la unidad nació de “una situación anómala, ya que la mayor parte de la conflictiva que se aborda tiene que ver con conductas del propio Poder Ejecutivo de la Ciudad, y se supone que es el que debe velar por el cumplimiento de las normas legales y los mandatos constitucionales”. “Sin embargo, en esta materia, por omisión o por comisión, el Ejecutivo genera, en forma reiterada, daños irreparables al patrimonio histórico de la Ciudad”, acusó.

   Gallardo advirtió que “se suele simplificar o minimizar la conducta depredatoria como una cuestión de incapacidad de gestión pero, en realidad, encubre la ideología subyacente”. Para el ex juez, “permitir que construcciones con sólo interés inmobiliario sustituyan a los inmuebles que tienen historia e identidad, obedece a una concepción de ciudad”.

   El funcionario judicial cuestionó que un eslogan de las autoridades porteñas defina a Buenos Aires como “smart city” (“ciudad amigable o inteligente”, puede traducirse del inglés). “Usar palabras extranjeras, que la gente no entiende, es un paradigma. Es mejor cuanta menos memoria, menos identidad tenga, y sea una ciudad sin compromiso, sin pertenencia a una Nación porque ciertos negocios son incompatibles con una ciudad que privilegia su historia”, reflexionó.

   La de Defensa del Patrimonio es la tercera unidad temática creada por la Defensoría General. Hay otra sobre empresas recuperadas por los trabajadores y una tercera sobre inmuebles ocupados.
  La aparición de esas estructuras marcan también una orientación nueva, observada con interés internacionalmente, en la tarea de la Defensoría General de la Ciudad, un organismo judicial creado para asegurar el derecho a la defensa a ciudadanos sin recursos.

   “Ese criterio liberal, originado en los antecedentes franceses y estadounidense de nuestra Constitución, se está revisando”, dijo Gallardo.

   “En el siglo 21, la Defensoría tiene que hacer a la eficacia de la totalidad de los derechos, no solamente el penal y procesal de un imputado en un delito, sino también de los derechos sociales, incluidos los colectivos, entre ellos los de preservación del patrimonio”, definió. (Télam)