Los operativos fueron solicitados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, que investigan a la cerealera por estafa.
Los acreedores de Vicentin con derecho a voto son 1.722 y el capital cifrado alcanza a $100.412.824.176, revelaron los síndicos.
Daniel Buyatti y Roberto Gazze, dos altos directivos que estaban al frente de Vicentin cuando entró en default en 2019, fueron detenidos por orden de los fiscales que llevan adelante la causa por estafa contra la cerealera. Fue en el marco de un operativo que incluyó 20 allanamientos en Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires.
Sobre los detenidos ya pesa un pedido de prisión por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco de la acusación que presentaron a fines de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de la compañía en la Justicia penal de Rosario, por el cargo de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta. En esta ocasión, la decisión de privarlos de la libertad obedece al convencimiento de que, pese a no estar más en el directorio, seguían maniobrando con los fondos que ingresaban a la empresa, que actualmente está al borde del colapso. Según se informó oficialmente, serán imputados en los próximos días.
La Gendarmería Nacional llevó adelante desde el mediodía de este viernes una serie de allanamientos vinculados a la causa contra los ex directivos de la empresa Vicentin. Los operativos se realizan en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional, solicitaron los procedimientos que se llevan a cabo en simultáneo en distintos domicilios. La mayoría, de ex directivos de Vicentin. Están vinculados a la investigación iniciada en 2020 por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta relacionados a la empresa.
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La Fiscalía considera que la caída de Vicentin en 2019 fue confeccionada de manera fraudulenta por un grupo de personas que constituyeron una organización criminal para llevarla a cabo.
En el transcurso de tres años de investigación, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja construyeron una acusación contra los exdirectivos de Vicentin, que se fue anticipando en sucesivas audiencias imputativas. La conclusión principal del trabajo es que el sorpresivo default de 2019 no fue producto de una crisis repentina sino la exteriorización de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería, mayormente bajo la modalidad conocida como “a fijar precio”. Una operación utilizada en el comercio de granos por la cual el comprador recibe el producto y lo paga en un futuro.
Llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. Balances falsos, simulaciones y un desordenado flujo de fondos entre la concursada y un entramado de empresas vinculadas, forman parte del mecanismo que el Ministerio Público de Acusación considera que se utilizó para construir una estafa en la que se tomaban recursos de bancos y vendedores, aun en medio de una situación financiera complicada, que luego se perdían en el laberíntico mundo de sociedades ligadas a la firma. Algunos de los puntos que se señalan dentro de las 500 páginas del escrito presentado el viernes.
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La Fiscalía acusa a los ex directivos de Vicentin de “haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales, con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018, que contenían información financiera falsa” para ocultar el verdadero pasivo de la empresa. También los acusa de confeccionar y presentar ante cinco bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a los períodos entre enero 2017 y julio de 2019 que exhibían una aparente sólida situación patrimonial, con el fin de “ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades y así, provocar bajo error disposiciones patrimoniales que superan los u$s 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordadas”.
En la presentación realizada en diciembre de 2023 ante la Oficina de Gestión Judicial, los fiscales pidieron la apertura del juicio y reclamaron penas de prisión para la conducción que llevó al default de la empresa. Se trata de Daniel Buyatti (16 años), Alberto Macua (16 años), Roberto Gazze (17 años), Omar Scarel (14 años), Máximo Padoan (12 años), Cristian Padoan (10 años), Martín Colombo (13 años), Sergio Roberto Vicentin (10 años); Pedro Germán Vicentin (10 años), Yanina Colomba Boschi (10 años) , Javier Gazze (8 años) y Miguel Vallaza (8 años). Además, pidieron penas de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de Vicentin en su momento) y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
Buyatti y Gazze, detenidos este viernes, fueron considerados por los fiscales, en esa acusación, como jefes de la asociación ilícita, junto a a Macua y Scarel.
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