Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) advierte que el período 2023-2025 configuró un ciclo político-económico de transición caracterizado por cambios profundos en las reglas macroeconómicas, la estructura de precios y el rol del Estado. Ese proceso permitió comenzar a corregir algunos desequilibrios acumulados, pero generó al mismo tiempo un escenario social de alta volatilidad y fuertes tensiones distributivas. Los ingresos no alcanzan.
Según el estudio “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una argentina en transición” , pese a que algunos indicadores muestran mejoras respecto de los momentos más críticos de la crisis reciente, alrededor del 46% de la población continúa atravesando condiciones de vulnerabilidad económica y social, lo que refleja la persistencia de una estructura social altamente estratificada. En términos prácticos, esto implica que casi una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos o condiciones adecuadas de vida.
El impacto de esta situación se observa con especial fuerza en los hogares con menores recursos, donde la capacidad de recuperación es más limitada. El informe destaca que aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural, con escasas posibilidades de mejorar su posición económica a corto plazo.
La desigualdad también se manifiesta en la distribución de ingresos. El estudio describe una pirámide social muy marcada: apenas el 3% de los hogares pertenece al estrato más alto, con ingresos superiores a los 30 millones de pesos mensuales a valores de octubre de 2025. En el extremo opuesto, alrededor del 10% de la población se ubica en situación de pobreza extrema, con ingresos familiares por debajo de los 800 mil pesos mensuales.
La clase media argentina
Entre ambos extremos se extiende un amplio sector medio fragmentado. Cerca del 20% de los hogares forma parte de una clase media integrada, con ingresos estimados entre 5 y 15 millones de pesos mensuales, mientras otro 20% corresponde a sectores medios aspiracionales, cuyos ingresos rondan entre 3,5 y 5 millones.
Sin embargo, también existe un 20% de hogares clasificados como “medio-bajos vulnerables”, con ingresos entre 2 y 3,5 millones, que enfrentan mayores dificultades para sostener su nivel de consumo.
Esta estructura social se combina con un mercado laboral cada vez más heterogéneo. Aunque la actividad económica hacia fines de 2025 se ubicó 3,5% por encima del nivel registrado un año antes, la recomposición del empleo fue desigual.
El informe indica que el empleo formal privado representa alrededor del 34,9% del total, mientras que el sector público redujo su participación hasta 16,7%. En contraste, el sector microinformal continúa expandiéndose y ya concentra 48,3% de las ocupaciones, lo que refleja la creciente precarización del mercado laboral.
Impacto en el empleo y el consumo
La informalidad tiene consecuencias directas sobre los ingresos familiares. Muchos trabajadores se desempeñan en actividades de baja productividad y con ingresos inestables, lo que limita la capacidad de planificación económica de los hogares y aumenta su exposición a shocks inflacionarios o caídas en la actividad.
En paralelo, el informe analiza distintos indicadores de estrés económico que reflejan las dificultades cotidianas de las familias. Por ejemplo, la inseguridad alimentaria a nivel de hogares pasó de 22,7% a 25,9% durante los momentos más críticos de la crisis reciente, aunque luego descendió hasta 17,8% en 2025, ubicándose por debajo del nivel inicial.
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Sin embargo, otras privaciones sociales siguen siendo elevadas. La falta de recursos adecuados para la atención de la salud afectó al 41% de los hogares en el peor momento del período analizado entre fines de 2023 y 2025, aunque luego bajó a 32,6% en 2025. Las brechas son mucho más profundas entre los sectores de menores ingresos: en el estrato más bajo, este indicador llegó a 64,5%, mientras que en el nivel bajo alcanzó 56,5%.
Mora creciente
Las dificultades también se reflejan en el pago de gastos corrientes. El porcentaje de hogares con atrasos en servicios básicos aumentó de 25% a 29% durante los meses analizados, y luego descendió a 21,2%, aunque en los sectores más vulnerables las dificultades continúan siendo significativas.
En este contexto, las expectativas económicas de la población muestran un panorama ambiguo. Según la encuesta incluida en el informe, el 43% de las personas considera que su situación económica actual es peor que la de años anteriores. Sin embargo, al proyectar el futuro, la percepción es algo menos pesimista.
Respecto del país, el 39% de los encuestados cree que la situación económica será peor durante 2026, mientras que otros sectores mantienen expectativas más moderadas de recuperación. Este pesimismo respecto a la marcha general de la economía nacional se agudiza en los sectores más vulnerables. Mientras que en el estrato medio alto el porcentaje de quienes esperan un año peor para el país es del 31,5%, esta cifra asciende al 49,1% en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo.
En cuanto a la economía familiar, sólo el 20,6% anticipa un empeoramiento de su propia situación, lo que sugiere que muchos hogares esperan al menos cierta estabilización de sus ingresos.
Paradójicamente, el optimismo aparece con mayor fuerza cuando se piensa en el largo plazo. El estudio señala que alrededor del 82% de las personas cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que la generación actual.
