Otros dos exdirectivos de Vicentin quedaron detenidos este sábado tras presentarse en la sede rosarina de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Los dos hombres, identificados como Omar Scarel y Alberto Macua, tenían orden de captura por parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De esta manera, ya son cuatro los altos directivos que estaban al frente de la cerealera cuando entró en default en 2019 que fueron detenidos por orden de los fiscales que llevan adelante la causa por estafa.
Este viernes la policía detuvo a Daniel Buyatti y Roberto Gazze, considerados por los fiscales que llevan adelante la acusación, como jefes de una asociación ilícita junto a a Macua y Scarel. Las cuatro detenciones se ordenaron en el marco de un operativo que incluyó 20 allanamientos en Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires.
Sobre los detenidos ya pesa un pedido de prisión por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco de la acusación que presentaron a fines de 2023 contra 16 exdirectivos y auditores de la compañía en la Justicia penal de Rosario, por el cargo de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.
En esta ocasión, la decisión de privarlos de la libertad obedece al convencimiento de que, pese a no estar más en el directorio, seguían maniobrando con los fondos que ingresaban a la empresa, que actualmente está al borde del colapso. Según se informó oficialmente, serán imputados en los próximos días.
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Allanamientos por estafa
La Gendarmería Nacional llevó adelante del viernes al mediodía una serie de allanamientos vinculados a la causa contra los ex directivos de la cerealera. Los operativos se realizaron en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional, solicitaron los procedimientos que se llevan a cabo en simultáneo en distintos domicilios. La investigación se inició en 2020 por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta relacionados a la empresa.
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La hipótesis de la fiscalía
La Fiscalía considera que la caída de Vicentin en 2019 fue confeccionada de manera fraudulenta por un grupo de personas que constituyeron una organización criminal para llevarla a cabo. La conclusión principal del trabajo de los fiscales es que el sorpresivo default de 2019 no fue producto de una crisis repentina sino la exteriorización de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería, mayormente bajo la modalidad conocida como “a fijar precio”. Una operación utilizada en el comercio de granos por la cual el comprador recibe el producto y lo paga en un futuro.
Llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. Balances falsos, simulaciones y un desordenado flujo de fondos entre la concursada y un entramado de empresas vinculadas, forman parte del mecanismo que el Ministerio Público de Acusación considera que se utilizó para construir una estafa en la que se tomaban recursos de bancos y vendedores, aun en medio de una situación financiera complicada, que luego se perdían en el laberíntico mundo de sociedades ligadas a la firma. Algunos de los puntos que se señalan dentro de las 500 páginas del escrito presentado el viernes.
Los acusados en la causa Vicentin
En la presentación realizada en diciembre de 2023 ante la Oficina de Gestión Judicial, los fiscales pidieron la apertura del juicio y reclamaron penas de prisión para la conducción que llevó al default de la empresa. Se trata de Daniel Buyatti (16 años), Alberto Macua (16 años), Roberto Gazze (17 años), Omar Scarel (14 años), Máximo Padoan (12 años), Cristian Padoan (10 años), Martín Colombo (13 años), Sergio Roberto Vicentin (10 años); Pedro Germán Vicentin (10 años), Yanina Colomba Boschi (10 años) , Javier Gazze (8 años) y Miguel Vallaza (8 años). Además, pidieron penas de 7 años de prisión para Eduardo Harnan, socio de la consultora KPMG (auditora de los balances de Vicentin en su momento) y de tres años para los síndicos Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Amut.
