Empresarios y sindicalistas evalúan la complicada situación de los trabajadores y de la industria: incertidumbre e inquietud en el sector
Por Manuel Parola
Los sectores del trabajo y la producción evalúan que la Ley Bases traería graves consecuencias para el país.
El sector laboral atraviesa una crisis profunda desde hace años. Los embates contra el trabajo registrado y la capacidad adquisitiva de los trabajadores y el amesetamiento de la producción provocaron incertidumbre y angustia a los argentinos. Con las reformas que propone el Ejecutivo con la Ley Bases, se escribe un nuevo capítulo de una historia que no tiene un final claro y distinto.
La Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (Enac) realiza cada tres meses un relevamiento -"Radar Pyme"- que sondea la situación de entre 400 y 700 empresas. El presidente de la entidad y ex secretario adjunto de la Cámara de la Mediana Empresa (Came), Leo Bilanski, señaló a La Capital que durante el primer tramo del año se advirtió "la consolidación de la recesión provocada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que en diciembre con la llegada del gobierno y la decisión política de frenar la obra pública, la construcción se paró".
La devaluación del 55% del valor del peso respecto del dólar llevada adelante la segunda quincena de diciembre "impactó en un sector industrial que ya se estaba anticipando a los cambios de política productiva y económica", a la vez que durante los tres primeros meses de 2024 la caída de la actividad alcanzó el comercio y parte de los servicios.
En ese sentido, Bilanski apuntó que "el 53% de las empresas tuvo caída de ventas en unidades mayores al 10%. Sólo el 26% de las pymes tuvo rentabilidad positiva" mientras que la misma proporción de firmas realizó despidos, mientras que menos de la mitad (11%) contrató nuevos empleados.
Bilanski destacó que, si a estos números se les suma el último informe del Ministerio de Trabajo del cual se desprende una reducción de 63.000 puestos de trabajo registrado en el sector privado y el cierre de 275.000 cuentas sueldos, según informaron desde diferentes bancos, el escenario "provoca la consolidación de un achicamiento del mercado laboral".
"Se está consolidando una demanda más chica. La inflación es cierto que se va reduciendo, aunque todavía niveles muy altos, pero nosotros visualizamos que antes de llegar a niveles deseables de inflación del 2% por ejemplo, vamos a ver despidos generalizados y cierre de pymes", advirtió el empresario.
Luis Campos, titular del Observatorio Social de la CTA Autónoma, explicó a este diario que la "fuerte caída" en materia de empleo "se explica fundamentalmente por la caída de los puestos de trabajo en la industria de la construcción". Sin embargo, a partir de febrero, la caída "empieza a ser generalizada y alcanza otros sectores como la industria, el comercio, el transporte, los servicios personales, entre otros sectores".
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"En el caso del sector industrial, la capacidad instalada utilizada es del 53%, que son niveles parecidos a la pandemia. Esto explica que el 36% de las pymes industriales despidió trabajadores y sólo el 13% contrató. En ese sentido, las industrias van adecuando la nómina en función de la producción que necesiten hacer”, explicó Bilanski, quien advirtió que las empresas ya se encuentran en procesos de reducción de costos asociados a la producción.
"Los primeros meses del gobierno de Javier Milei se caracterizaron básicamente por una caída del salario real y un retroceso muy fuerte del empleo registrado", esgrimió Campos en diálogo con La Capital. El analista magister en Economía Política detalló que, en materia de salario real, hubo una pérdida de entre 10% y 20% en el salario real, "dependiendo si hablamos del sector privado y el sector público, que se concentró fundamentalmente en los meses de diciembre y enero. A partir de febrero, entramos en una especie de amesetamiento que está lejos de esta idea de la recuperación del salario real de la cual habló el presidente, pero tampoco hay una una profundización de la caída".
Campos señaló que el principal embate legislativo que el mundo del trabajo percibió en los últimos meses viene de la mano del DNU 70/23, cuya aplicación está suspendida por una orden de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, “todavía es derecho vigente, más allá de que su aplicación esté suspendida", a expensas de lo que resuelva la Corte Suprema o del pronunciamiento del Congreso. Cabe recordar que la Cámara de Senadores ya rechazó el decreto, pero todavía no ha tenido tratamiento en la Cámara Baja.
Otro factor importante que busca cambiar las normas de juego en el ámbito laboral es la Ley Bases, que plantea numerosas reformas tanto en lo productivo como en la legislación laboral vigente. Actualmente, el proyecto tiene media sanción de Diputados y se encuentra en tratamiento en el Senado.
Campos advirtió que la aprobación de la ley "implica retrocesos muy fuertes en cuestiones como el aumento del período de prueba, el fomento de la tercerización, el reemplazo de la indemnizaciones por despido por fondos de cese laboral, los obstáculos para los despidos para las acciones de reinstalación en caso de despido discriminatorios, y ahora con con las reformas que estaría discutiendo el Senado, un avance muy fuerte en la legalización de una práctica muy extendida en la actualidad pero que se transformaría en ley, que es el reemplazo de trabajadores en relación de dependencia por monotributistas".
Por su parte, Bilanski opinó que desde el sector empresario "no creemos que sea momento de aplicar una reforma laboral ni hay un problema con los sindicatos. Estamos viendo que hay una caída del poder adquisitivo de manera brutal por parte de los trabajadores, producto de la inflación arrastrada del gobierno anterior y la provocada en los primeros cinco meses por este gobierno", destacó el referente y recordó que los primeros dos meses de la gestión de Javier Milei "fueron meses de más de 20 puntos de inflación y todavía la inflación no se redujo a niveles deseables".
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Lejos de ser optimista, sostuvo que "los empresarios que relevamos, que son más de 400, proyectan una inflación acumulada del 160% para este año, por lo tanto va a impactar en el salario" y apuntó que "si bien hay toda una agenda de discusión sobre la simplificación laboral e impositiva, la realidad es que Argentina necesita transformar 6 millones de puestos de trabajo informales que hay hoy en registrados privados, y eso se hace con políticas activas el Estado y gobierno no tiene la vocación de llevar adelante esa agenda".
Por su lado, Bilanski enfatizó que “La Ley Bases plantea un modelo de país muy parecido a los 90, donde ya vivimos una reforma laboral, una flexibilización laboral, que teóricamente iba a ser en pos del desarrollo productivo y terminó con la crisis social, económica y política más importante de la Argentina desde la de retorno de la democracia, que fue el diciembre del 2001” y afirmó que “no es por ese lado que vamos a encontrar y reactivar el país ni fortalecer el entramado nacional”.
El hecho ocurrió este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de la localidad de Oliveros. Corte total en la zona. Al menos hay dos muertos.
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