Por Rodolfo Montes
Senadores escucharon a los expositores durante miércoles y jueves en el plenario de Legislación General y Presupuesto
Luego de escuchar durante más de tres horas a representantes de las asociaciones de inquilinos, el Senado dejó en suspenso por seis días la definición sobre el dictamen (muy posiblemente más de uno) que busque llegar al recinto para darle forma a una nueva ley de alquileres que llegó con media sanción de Diputados, con el impulso de la industria inmobiliaria en representación de desarrolladores y propietarios.
El debate sobre una posible regulación (o desregulación, en este caso) presenta una curiosidad: más se profundiza, más actores interesados intervienen, más se comprende la naturaleza y profundidad del problema (nueve millones de inquilinos en estado de zozobra por falta de viviendas, altos precios, baja oferta y caída de la rentabilidad de los propietarios por la inflación), más se alejan las posiciones políticas entre los bloques mayoritarios. En concreto, la parte locadora y la locataria se inspiran en intereses contrapuestos. El peronismo se vuelca para el lado de los inquilinos, y JxC respalda a los propietarios e inmobiliarias.
Este jueves, una decena de intervenciones de jóvenes activistas en representación de los inquilinos mostraron el crecimiento y profundidad de un problema que ya no es el mismo que hace diez o veinte años. Mientras en las últimas dos décadas las propiedades han subido de manera impactante sus precios en dólares, los ingresos de los eventuales inquilinos (medidos en dólares) vienen bajando, al menos desde 2016. ¿El resultado? La fabricación de unidades no para (crece proporcionalmente cada año, en especial en grandes ciudades como Rosario) pero baja la ocupación, crece la ociosidad y sube el impacto proporcional del costo del alquiler en los ingresos totales de las familias inquilinas que todavía conservan la capacidad de afrontar un contrato.
Entre los expositores de este jueves ante la Comisión de Legislación General y Presupuesto del Senado de la Nación se destacó Sebastián Artola, por Inquilinos Agrupados. “Rosario es la ciudad con más metros cuadrados construidos entre 2004 y 2013 de Latinoamérica. Y en la actualidad, en el macrocentro, se construye un edificio por cuadra. ¿Para quién se construyen, para qué se construyen? En el Departamento Rosario tenemos más viviendas construidas que hogares. Tenemos 570 mil viviendas y 1,3 millones de habitantes, casi una vivienda cada dos personas, cuando el promedio histórico es de cuatro personas por vivienda. En Rosario no hay déficit habitacional, el problema es de acceso a la vivienda”.
A pesar de la prolífica industria constructiva, los inquilinos pasaron del 13 por ciento en 2001 al 30 por ciento en la actualidad. Es una paradoja que haya cada vez más unidades construidas, vacías, y cada vez más gente con problemas para conseguir una vivienda en alquiler. Hoy Rosario tiene unas 100 mil viviendas desocupadas, y el precio del alquiler, para los que cursan un contrato como inquilinos, impacta en promedio en el 43 por ciento del total de los ingresos familiares. “Nunca antes el alquiler impactó de ese modo en los ingresos de los inquilinos”, abundó Artola, dirigente peronista y docente universitario de Rosario.
También dijo que el impacto desmesurado del precio del alquiler de un departamento en Rosario desalienta la tradicional migración regional universitaria a la ciudad, y provocó incluso una disminución en la matrícula de la UNR.
“Les pedimos a los senadores que analicen muy bien lo que van a votar, porque si avalan la reducción del plazo de tres a dos años y la indexación cuatrimestral con un índice discrecional que pone el mercado, va suceder que aumentará el costo de los alquileres, los gastos de renovación de contrato, de inmobiliaria, y aumentará la inestabilidad de la familia", sostuvo.
Los precios y condiciones de los alquileres estuvieron regulados por el Estado en la Argentina hasta 1976, y el gobierno de Videla y Martínez de Hoz lo liberalizó. Desde entonces las viviendas dolarizaron sus precios, una modalidad argentina, que no se verifica en otros países de la región. “Los resultados están a la vista”, sintetizó Artola.
“Senadores, senadoras, les pedimos que no claudiquen ante la extorsión del mercado inmobiliario, que se planten, que no voten en contra de los casi 10 millones de inquilinos que tenemos en el país, y que no sean fuertes con los débiles, y débiles con los poderosos. Si quieren hacer algo por los inquilinos sostengan los tres años del contrato y la indexación anual por un índice regulado por el Estado”, concluyó el candidato a ocupar una banca en el Concejo Municipal de Rosario.
Mientras el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción tal cual salió de Diputados, el oficialismo evalúa presentar modificaciones o bien rechazar de plano la media sanción que llegó de la Cámara baja. Siempre con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, el FdT calibra esos cambios con sus ex compañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega.
La posibilidad de un dictamen único que contenga a todos los bloques aparece lejana. Fuentes del FdT comentaron a La Capital: “Es difícil imaginar que en pleno proceso electoral nuestro bloque termine avalando alguna variante que perjudique al sector más débil, y ampliamente mayoritario, los inquilinos”.
Finalmente, Gervasio Núñez, referente nacional de Inquilinos Agrupados, expresó: “El estado delegó en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda. Quien decide si te alquilan o no es la inmobiliaria. Por caso, si tenés hijos no te alquilan, y si no te alquilan no hay una ventanilla del Estado donde ir a reclamar”. Y agregó: “En la Argentina es más fácil reclamar y que te repongan un celular comprado en malas condiciones, que reclamar que se cumpla con un contrato de alquiler, que es un tema mucho más sensible”.
