El gobierno nacional puso en marcha la desregulación del servicio de correo. Por lo tanto ahora cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y sólo deberá informar que está involucrado en dicha actividad.
La medida apunta al corazón de la actividad del Correo Argentino y abre las puertas a su privatización. El gobierno asegura que se busca fomentar la competencia entre las empresas
Al igual que Aerolíneas Argentinas o los medios de comunicación públicos, el Correo Argentino era una de las empresas apuntadas por el gobierno de Javier Milei.
El gobierno nacional puso en marcha la desregulación del servicio de correo. Por lo tanto ahora cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y sólo deberá informar que está involucrado en dicha actividad.
Este lunes quedó publicado en el Boletín Oficial el decreto 1005/2024 con las firmas de Milei; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De esta forma le quita preponderancia a la compañía estatal Correo Argentino.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo hoy que "el correo ya no tiene valor estratégico" y aseguró que el decreto que desregula el mercado de correos y encomiendas postales es "un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico".
"Me gustaría explicar los alcances del Decreto 1005/24, firmado por el presidente @JMilei, que desregula el mercado de correos y encomiendas postales, un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico", escribió el ministro en la red social X.
Asimismo, afirmó que "el correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahora permitiremos que cualquiera pueda participar del negocio. Es una historia interesante".
Sturzenegger señaló que "en el siglo XVIII el correo era una herramienta para integrar una nación. Así, la Constitución de los EEUU establecía como una de las obligaciones del gobierno federal la gestión de los correos. Nuestra constitución se lo delegó al Congreso en su Art. 75".
"El gobierno de Onganía (que armó el sistema de las castas) emitió la ley 20.216 que establecía el monopolio absoluto del correo oficial", agregó.
Además, dijo que "entre otras barbaridades le permitía no entregar la correspondencia que consideraba que podía contener información impropia, o abrir la correspondencia en caso de sospechar de sus contenidos. Como una suerte de '1984', a la ley 20.216 no le interesaban los usuarios sino el control del Estado de la información que manejaban sus ciudadanos".
En este contexto, el funcionario sostuvo que “por suerte llegó la onda desreguladora de los ´90 y @domingocavallo con el decreto 1187/93 suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector” y que en ese momento "sin embargo, persistían restricciones al ingreso a la actividad a través de complicados sistemas de registración y habilitación. Como siempre estos sistemas son eminentemente anti pymes y anti innovación".
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El decreto 1005/24 "elimina estas trabas", remarcó y detalló que "a partir del 1005/24 no existe más un proceso de habilitación; cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad".
"En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre", destacó.
Además, subrayó que "se permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios de la firma digital remota al negocio postal. Esperamos esto abra un nuevo e interesante negocio".
"La no exigencia de comprobar vehículos en mensajería urbana implica que cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas. VLLC!", concluyó.
Al igual que Aerolíneas Argentinas o los medios de comunicación públicos, el Correo Argentino era una de las empresas apuntadas por el gobierno de Javier Milei para llevar a cabo un fuerte ajuste, luego de que el Senado la quitara de las que estaban incluidas inicialmente en la Ley Bases para su “privatización parcial o concesión”.
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